Clavijo pide al Estado revisar la indemnización por residencia de 90.000 funcionarios canarios

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió este miércoles con el secretario general de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, para abordar la actualización de la indemnización por residencia del personal de la Administración General del Estado destinado en el archipiélago, y analizar su extensión al conjunto de los empleados públicos transferidos de la Comunidad Autónoma.

Al encuentro asistieron también la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el secretario del Sector de la Administración General del Estado de UGT Canarias, Antonio Terrones.

Incorporará la petición al Decreto Canarias

Barreto explicó tras la reunión que el Gobierno de Canarias incorporará esta reivindicación a la negociación del Decreto Canarias, al considerar que la medida afecta a entre 80.000 y 90.000 personas que viven y trabajan en las islas. La consejera defendió que no es justo que una decisión adoptada por el Estado para resolver una situación en otra comunidad autónoma termine perjudicando a Canarias.

Según Barreto, el presidente canario ya trasladó esta propuesta a los ministerios de Política Territorial y de Hacienda, con el objetivo de que pueda abordarse en las próximas semanas. La consejera defendió además que, junto con la actualización de las cuantías, es necesario revisar otros aspectos del complemento para adaptarlo a la realidad actual del archipiélago y reforzar su atractivo para el personal de la Administración General del Estado.

UGT reclama mantener la diferenciación de Canarias

Bautista afirmó que la organización sindical considera correcto que Baleares vea incrementada su indemnización por residencia, pero remarcó que Canarias tiene una realidad diferenciada que debe seguir siendo reconocida por el Estado como región ultraperiférica.

Bautista explicó que UGT ha solicitado una reunión urgente con el Gobierno de Canarias y ha trasladado la reivindicación al Ministerio de Política Territorial, con el objetivo de que la actualización se incorpore a la negociación prevista para septiembre. El sindicato defendió que cualquier mejora planteada para Baleares debe preservar la diferenciación de Canarias y extenderse tanto al personal de la Administración General del Estado como a los empleados de los servicios transferidos de Sanidad, Educación y Justicia, una medida que beneficiaría a cerca de 90.000 empleados públicos del archipiélago.

El Gobierno de Canarias y UGT coincidieron en que la regulación de la indemnización por residencia debe tener en cuenta las condiciones específicas de Canarias como región ultraperiférica y contribuir a garantizar la adecuada cobertura de los servicios públicos en el archipiélago.