Cuando un desahucio se paraliza por la moratoria, el propietario puede pedir una compensación económica. En Canarias, estas ayudas se han convertido en una de las más elevadas de España, en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler y el aumento de los conflictos entre caseros e inquilinos.

Según los datos recopilados por El País a través de la ley de transparencia, el Archipiélago ha abonado 461.997 euros en compensaciones a propietarios cuyas viviendas no pudieron ser recuperadas por la suspensión de los desahucios. En total, se han pagado 50 solicitudes, con una media de 9.240 euros por vivienda, la segunda más alta del país.

Estas cifras se enmarcan dentro del llamado escudo social, una batería de medidas aprobadas tras la pandemia para evitar que familias vulnerables acabaran en la calle. La moratoria, que el Gobierno de España y EH Bildu han acordado prorrogar hasta 2026, ha evitado aproximadamente uno de cada cuatro desahucios en España, unos 12.000 al año, según organizaciones sociales.

Compensaciones económicas

En el conjunto del país, las comunidades autónomas han pagado al menos 16 millones de euros en compensaciones durante los cinco primeros años del escudo social. En ese periodo, se presentaron 6.400 solicitudes, pero solo 2.850 fueron aceptadas, con una media estatal de 5.600 euros por vivienda.

Las compensaciones se financian con cargo al Plan Estatal de Vivienda, que cuenta con un presupuesto de 2.300 millones de euros para el periodo 2022-2025.

De las ayudas más altas

Aunque Canarias no está entre las comunidades que más dinero han desembolsado en total, sí destaca por el importe medio de las ayudas concedidas. Solo se encuentra por detrás de Cataluña, que lidera el gasto total, con más de 6,1 millones de euros y su compensación media se sitúa en 11.599 euros. 

En el caso de Madrid, la región ha pagado casi 1,93 millones, con una media de 7.106 euros. Andalucía, con más expedientes abonados que Canarias, presenta una media mucho más baja, 4.521 euros. 

Más pequeños propietarios que grandes empresas

Hasta el pasado febrero, referencia para el recuento realizado por el medio nacional tras solicitar los datos, en las Islas se han registrado 204 solicitudes en total en los cinco años que lleva la medida. No obstante, solo han sido pagadas 50, lo que indica que solo una de cada cuatro peticiones ha sido finalmente compensada, una proporción similar a la media estatal.

Canarias también destaca por el perfil de los solicitantes. A diferencia de lo que ocurre en Cataluña o Madrid, donde predominan las grandes empresas inmobiliarias, en el Archipiélago las solicitudes proceden en su mayoría de personas físicas, es decir, pequeños propietarios (116 peticiones de personas físicas, por 89 de jurídicas).

Inseguridad para los propietarios

Los expedientes que siguen en trámite o en algunos casos han sido rechazados a nivel nacional han alimentado las críticas de asociaciones de propietarios, que consideran que la moratoria desincentiva el alquiler y genera inseguridad jurídica.

El debate es especialmente sensible en Canarias, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales. Ocho de cada diez desahucios ejecutados en los dos primeros trimestres de 2025 se produjeron por impago del alquiler, según el Consejo General del Poder Judicial.

Revisión de los contratos de 2020

A esto se suma la revisión masiva de contratos firmados en 2020, que afectará a cerca de 40.000 alquileres en las Islas. La actualización de precios supondrá una subida media de 190 euros mensuales, impactando en más de 97.000 personas, en una comunidad donde los salarios siguen entre los más bajos del país.

Ante este escenario, el Ministerio de Consumo ha planteado la renovación automática de los contratos que vencen, limitando las subidas al IPC, una propuesta que busca frenar nuevos desahucios pero que todavía no cuenta con el respaldo definitivo del PSOE.

Exigencias de las organizaciones sociales

Las organizaciones sociales, como Derecho al Techo en Canarias, defienden la moratoria como un muro de contención frente a la exclusión residencial y valoran de manera positiva el acuerdo entre el Estado y EH Bildu. 

Sin embargo, exigen ir más allá para asegurar mantener los derechos básicos de vivienda y suministros, desde la paralización total de los desahucios, la creación de un parque público de vivienda en alquiler social, puesta en uso de los inmuebles vacíos propiedad de bancos, Sareb y fondos de inversión especulativos, a la intervención del mercado del alquiler. 

En Canarias, donde confluyen presión turística, escasez de vivienda y bajos salarios, la moratoria y las compensaciones a propietarios se han convertido en una pieza más de un debate de fondo: cómo equilibrar el derecho a la vivienda con la viabilidad del mercado del alquiler en una de las regiones más tensionadas del país.