Ocho de cada diez canarios fueron desahuciados durante los dos primeros trimestres de 2025 por no poder hacer frente al pago del alquiler, según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y es que los desahucios son uno de los problemas más persistentes del sistema de vivienda en España.
“Son un problema estructural” que se mantiene incluso en momentos de estabilidad. “En España, el número basal de desahucios nunca es cero. Cuando hay crisis aumentan, pero cuando no hay crisis también tenemos cifras importantes”, señala Víctor Jiménez Barrado, geógrafo y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Factores estructurales
La cuestión se sitúa en la falta de resolución de los problemas de vivienda, “como no se solucionan, a la mínima pendemos de un hilo y ahí es cuando estalla todo”, apunta el investigador.
Esta realidad se intensifica en territorios especialmente tensionados como Las Palmas de Gran Canaria, donde el encarecimiento de la vivienda — tanto alquiler como compra —, la falta de alternativas asequibles y públicas y el peso del turismo dejan a muchos hogares en una situación muy frágil, cada vez más precarizada.
Análisis en la pandemia
Y ante este panorama, una crisis como la pandemia no fue una excepción: “Lo que ocurrió fue otro repunte más de desahucios en Las Palmas de Gran Canaria y en España en general. Y en la capital grancanaria la situación es peor que el promedio nacional”, afirma.
Jiménez junto a su compañero Juan Manuel Parreño analizan en su estudio Social protection or mirage? Evictions during Spain’s COVID-19 crisis: the case of Las Palmas de Gran Canaria para reflejar la situación de los desahucios en la ciudad durante la pandemia y las medidas que se tomaron para valorar los pros y contras de la gestión.
Desahucios en Las Palmas
El estudio refleja que entre 2020 y 2021 se registraron 622 desahucios en la capital grancanaria, 407 por vía de juicio verbal (alquiler / POH) y 215 por ejecuciones hipotecarias, lo que supuso una bajada del 19,2% y el 30,6% respectivamente, en comparación con 2018-2019.
Los autores destacan que el descenso es notable porque en Las Palmas los desahucios venían aumentado desde 2014. Todo esto pudo deberse a las medidas aplicadas por las administraciones para combatir la situación durante un periodo tan sensible como la crisis sanitaria.
Medidas de los gobiernos
El Gobierno desplegó un amplio escudo social durante la pandemia: suspensión de desahucios, moratorias hipotecarias, ayudas al alquiler y limitaciones a las subidas de precios. Para Jiménez, este enfoque supuso un cambio respecto a la crisis de 2008: “Esta vez sí hubo una intención de protección social. En la crisis anterior se protegió sobre todo a las entidades bancarias”.
Pero todas estas medidas tenían un requisito concreto: la vulnerabilidad debía estar directamente causada por la pandemia. “Eso dejó fuera a muchas personas que ya eran vulnerables desde antes”, subraya el investigador, que pone de ejemplo a las personas migrantes, que tienen dificultades administrativas, barreras idiomáticas y no cuentan con redes sociales de apoyo.
Diferencias según la zona
Así es que en el estudio se demuestra que la pandemia no afectó por igual a toda la ciudad en cuanto a los desahucios. El trabajo diferencia entre desahucios en alquiler y en propiedad. Las políticas pensadas para frenar los desahucios hipotecarios funcionaron mejor en zonas periféricas y de renta baja, con población extranjera.
Sin embargo, las medidas dirigidas al alquiler terminaron beneficiando principalmente a zonas de clase media, no porque estuvieran más afectadas, sino porque sus residentes encontraron menos dificultades burocráticas para acreditar la “vulnerabilidad por COVID” que exigía el escudo social.
El análisis de los geógrafos introduce un matiz clave. Más allá de las medidas institucionales, hubo un factor determinante en la caída de los desahucios durante el confinamiento: la paralización de los juzgados. “Si el órgano que ejecuta los lanzamientos está cerrado, claro que disminuyen”, reconoce. “Parte de la efectividad no vino de la política en sí, sino del parón judicial”.
Falta de medidas reales
Es por ello que Jiménez insiste en que no basta con medidas puntuales para frenar los desalojos. “No existe una sola política que los resuelva. Hace falta un acompañamiento amplio: vivienda pública, control del precio de alquiler, ayudas a arrendadores, redes sociales de apoyo…”.
Sin embargo, lamenta la falta de implementación real: “No veo noticias de nuevas viviendas sociales, ni zonas de mercado tensionado aplicadas, ni promociones asequibles en marcha. Las conclusiones están claras, pero no se están aplicando”.
Atajar el problema
Para Jiménez, la situación actual es preocupante. “Las personas necesitan un techo. Si no se aplican políticas de prevención y acompañamiento, el riesgo de repuntes masivos de desahucios es real. Es un problema estructural que lleva décadas. Y si no se actúa, puede volver a estallar en cualquier momento”.
El estudio, centrado en Las Palmas de Gran Canaria, concluye que las políticas anticrisis pueden funcionar, pero solo si se diseñan teniendo en cuenta la realidad de quienes más lo necesitan. De lo contrario, el “escudo social” corre el riesgo de convertirse, como señalan los autores en su título, en un espejismo.