La crisis desencadenada en la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas tras la auditoría de Puertos del Estado ha provocado una fricción institucional sin precedentes en el seno de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP). El motivo: la negativa de su presidenta, Beatriz Calzada, a someter a votación del Consejo de Administración las tres reclamaciones planteadas por la Abogacía del Estado para abordar formalmente las irregularidades detectadas.
En lugar de elevar estas exigencias legales como puntos independientes dentro del orden del día para su debate y aprobación formal, Calzada optó por introducirlas como una adenda dentro del apartado de Informes de Presidencia. Esta maniobra procesal resta valor ejecutivo a las directrices de la letrada estatal, al evitar que los consejeros tengan que posicionarse y votar individualmente sobre ellas.
Un choque de relatos
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración, la presidenta explicó que no había novedades respecto a la postura de la Abogacía del Estado, pues las medidas de corrección "están en marcha" y han sido consensuadas con Puertos del Estado.
Sin embargo, las fuentes consultadas y la secuencia de los hechos contradicen la postura oficial: la petición formal de la Abogada del Estado es anterior a la dimisión de la gerente de la Fundación, Betsabé Morales, y a la convocatoria del nuevo proceso de selección.
La Abogacía del Estado, además, trasladó sus reclamaciones y pidió que se votasen bastante antes de la renuncia de Morales. Fue el mes pasado, tras el anterior Consejo de Administración, justo después de que se revelase la auditoría y Puertos del Estado obligase a dar cuenta a los consejeros, pues los resultados del informe fueron comunicados a la Fundación en abril, sin que se adoptase ningún tipo de medida o iniciativa hasta el estallido del conflicto en junio.
Respaldo y legalidad
Los consejos de administración de las autoridades portuarias no son órganos políticos, sino administrativos, y todos sus vocales tienen derecho a que se voten sus propuestas. Por eso la protesta de la abogada del Estado fue respaldada por el capitán marítimo de Las Palmas, Ignacio Gallego, la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, y el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, que interviene en las reuniones como representante de Puertos del Estado.
La iniciativa de la letrada, que tiene la obligación de velar por la legalidad de los acuerdos, buscaba dejar constancia oficial de los pasos a seguir para proteger a los consejeros y blindar al propio órgano colegiado tras conocer las anomalías en la Fundación.
Las tres exigencias
Las medidas que han quedado reducidas a una mera dación de cuentas se centran en asumir responsabilidades y acelerar la reestructuración de la entidad. Consisten en enviar el informe de auditoría a la Intervención General de la Administración del Estado para que determine si existen responsabilidades contables exigibles, cubrir la plaza de gerente conforme a los principios de publicidad, mérito, capacidad e idoneidad tras su cese, y privatizar la Fundación en el plazo de un año para cumplir con la orden del Ministerio de Hacienda que ordena desde 2013 su salida del sector público.
Todas esas medidas, según Calzada, "están en marcha". De ahí que optase por no someterlas a votación.
Amenaza de liquidación
Esta reconversión obligatoria no solo responde al mandato ministerial, sino al problema patrimonial que afronta la entidad: en 2028 vence la concesión del edificio público que la APLP le cedió como sede a la Fundación, cuya reordenación o subarriendo a terceros constituye su principal vía de ingresos.
La salida de la administración estatal obligaría a los patronos a costear de su propio bolsillo buena parte del dinero público invertido en la reforma del inmueble. Ante la complejidad técnica y económica para privatizarla en el plazo fijado, la recomendación expresa de los auditores apunta de forma directa a la liquidación definitiva de la Fundación Puertos de Las Palmas.
Ante ese escenario, para fijar una hoja de ruta, Calzada y los patronos han encargado un nuevo informe a un despacho de abogados privado.
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