La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha advertido este viernes que el proyecto de ley de alquiler vacacional, elaborado por la Consejería de Turismo, carece de criterios claros. Además, ha señalado que, si no se distribuyen adecuadamente las competencias, su aplicación será inviable.
Así lo ha expresado la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, en un comunicado tras la reunión del Comité Ejecutivo de la entidad, celebrada en el Ayuntamiento de Puntagorda (La Palma). En el encuentro, se discutió la regulación del alquiler vacacional y las enmiendas propuestas por los municipios, luego de conocer el texto aprobado en el Parlamento de Canarias.
Regulación justa y equitativa
Brito subrayó que la Fecam solo defiende los intereses municipales en esta regulación y reiteró que los 88 ayuntamientos canarios buscan una normativa justa, equilibrada y con una distribución equitativa de competencias entre todas las administraciones.
La presidenta lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo con la Consejería de Turismo en aspectos clave, como la Disposición Transitoria Primera del documento, la cual, según su criterio, no responde a las distintas realidades insulares y municipales.
Problemas con el límite del 10%
Otro punto conflictivo es el límite del 10% en la norma. Brito considera que esta restricción no debe ser fija, sino que cada municipio debería tener autonomía para decidir en función de su propia casuística. “Si se revisara todo lo que hay, en algunos casos el techo ya estaría superado. ¿A quién se le permite seguir con la actividad y a quién no?”, cuestionó.
La presidenta expresó su sorpresa al descubrir que la Consejería había acordado con la Fecam el uso de ordenanzas provisionales para regular este ámbito, pero ese instrumento no aparece en el texto final publicado por el Parlamento de Canarias.
Confusión en la regulación
Además, los municipios tendrán que asumir la regulación del alquiler vacacional como actividad clasificada, aunque no se especifican los criterios a seguir. Esto, según Brito, podría generar diferencias de aplicación entre municipios y, en consecuencia, agravios comparativos.
La normativa contempla la figura de las Declaraciones responsables, pero la Fecam critica que los procedimientos se dupliquen con los cabildos. Asimismo, destaca que la inspección es competencia del Gobierno de Canarias y no de los ayuntamientos, como sugiere la Disposición Transitoria Primera.
Finalmente, Brito aseguró que los ayuntamientos están abiertos al diálogo y que su objetivo es una ley que pueda aplicarse y que tenga en cuenta las particularidades de cada municipio. “Llevamos más de un año reuniéndonos con la Consejería y en los últimos meses con todos los grupos parlamentarios”, concluyó, esperando que sus enmiendas sean aceptadas.