Finalmente, este 14 de marzo, el Parlamento de Canarias debatirá, tras su aprobación como trámite de urgencia, el Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una iniciativa del Gobierno Regional, a través de la Consejería de Turismo, y que cuenta con el apoyo de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente (AHÍ).
No así, esta futura ley está siendo acompañada en sus inicios con dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentario de VOX y PSOE, tras la renuncia de Nueva Canarias Bloque Canarista (NC-BC), quienes también se lo habían planteado, aunque, finalmente, han decidido presentar numerosas enmiendas parciales.
VOX cree que esta norma solo desvía la atención
Desde el Grupo Parlamentario VOX, su portavoz, Nicasio Galván, indicaba que desde un principio tenían clara la postura ante una norma que, a su entender “no resuelve el problema de la vivienda en Canarias y solo sirve para desviar la atención de los problemas reales”, añadiendo que “esta propuesta afecta de tal manera a tantos pequeños propietarios que debe ser una norma participativa y no formalizarse con prisas y sin consenso”.
Según la formación de ultraderecha, el Ejecutivo (que tiene clara la necesidad de 7.000 viviendas al año para equilibrar la oferta y la demanda, al mismo tiempo rechaza la expansión urbana (no liberaliza suelo), “ni construye ni deja construir, perpetuando así el déficit habitacional. En lugar de implementar políticas que faciliten el acceso a la vivienda (aumentando la oferta), el Gobierno prefiere culpar al pequeño propietario, aquel que con esfuerzo ha adquirido una vivienda y busca rentabilizarla. Incluso ha llegado a imponer sanciones a quienes usan sus viviendas como primera o segunda residencia, castigando a quienes gestionan legítimamente su patrimonio”.
El PSOE considera que el proyecto nace con carencias
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideran que este proyecto de ley ya nace con carencias. Según expresan en su alegato de enmienda a la totalidad, “esta norma simplemente se limita a dar por válida la tesis de que, si existe gentrificación, turistificación, turismofobia, problemas de movilidad, impacto medioambiental y dificultades de acceso a la vivienda, es porque el 36% de las plazas alojativas ofertadas mediante vivienda vacacional provocan estas distorsiones. Situaciones que, por lo que se ve, no vienen provocadas por el 46% de las plazas hoteleras o por el 18% de la oferta que suponen los apartamentos”.
Otro de los puntos en los que enfatiza este grupo parlamentario gira en torno a la necesidad de aplicar elementos correctores globales "para afrontar estos retos. Y, como ejemplo de elemento corrector global, podríamos plantear el desestimado impuesto a las pernoctaciones turísticas, un impuesto que este grupo parlamentario trajo al Parlamento mediante la 11L/PPL-0004 De creación del Impuesto de Estancias Turísticas en Canarias y medidas para el impulso del turismo sostenible y cuya toma en consideración fue rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno en la sesión plenaria del 11 de diciembre de 2024. Además, obvia el proyecto de ley, que uno de los elementos que ha permitido la democratización de los ingresos derivados del turismo es, precisamente, el fenómeno del alquiler vacacional”.
NC-BC a favor de la puesta en marcha de le Ley, pero con matices
Román Rodríguez, presidente de NC-BC, considera que esta ley es necesaria, máxime teniendo en cuenta que esta actividad en gran parte está en manos de pequeños tenedores. Canarias necesita una ley que regule esta actividad y que diferencie entre grandes tenedores y pequeños propietarios, “siendo la regulación frente a los grandes tenedores estricta y contundente”. Rodríguez recuerda que, desde un principio, abogaron por una moratoria mientras se iniciaba el trámite, pero “desde el inicio el Gobierno ha actuado con irresponsabilidad al no establecer una suspensión a la actividad, lo que ha ocasionado que se hayan inscrito 20.000 nuevas viviendas, un 33% más, saliéndoles el tiro por la culata”
El máximo responsable del grupo canarista se queja de la falta de tiempo para las propuestas y el debate de esta norma, “una ley con muchas aristas y problemas”. También establece que se ha de tener en cuenta el entorno donde se practica la mencionada actividad comercial, “porque no es lo mismo en un entorno rural que urbano, zona residencial o turística”. El Grupo Parlamentario NC-BC finalmente no presentó una enmienda a la totalidad como se comentó, pero sí presentará numerosas enmiendas.
Una ley que nace a raíz de las protestas ciudadanas
La iniciativa de la tan conocida como ley de alquiler vacacional, puesta en marcha por la Consejería de Turismo del Ejecutivo Autonómico (en septiembre de 2023 en trámite de consulta pública), llega a la Cámara Regional (24 de diciembre de 2024) tras un arduo “debate público” auspiciado tanto por las quejas ciudadanas como por diferentes colectivos sociales y ecologistas.
Recordemos que una de las iniciativas populares que encausó el malestar ciudadano, y que destapó la necesidad de contar urgentemente con una regulación al alquiler vacacional, tuvo lugar a raíz de la manifestación multitudinaria del 20 A, celebrada en toda Canarias, bajo el emblema de “Canarias tiene un límite”, en la que, entre otras cuestiones, se ponía de relieve una masificación turística apreciable en numerosos municipios y, por otro lado, la problemática de residentes para acceder a un alquiler de larga duración.