El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha alertado de un aumento de los fraudes relacionados con el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), una vía legal que permite a los propietarios recuperar antes de tiempo la vivienda alquilada si la necesitan para sí mismos o un familiar directo.
Según denuncian, muchas veces esta cláusula se utiliza como excusa para expulsar a las personas inquilinas, subir el precio y volver a alquilar o convertir el piso en vivienda vacacional.
“Están entrando muchas consultas al sindicato de gente que recibe la notificación de que el casero necesita la vivienda para uso propio o para un familiar. En la mayoría de los casos esa solicitud es falsa. Lo que buscan es aumentar la renta o destinar la vivienda a alquiler vacacional”, explica a Atlántico Hoy Pili Puyi, portavoz del sindicato.
Exigir documentación
Desde la organización aseguran que son frecuentes los casos en que, tras abandonar la vivienda, las inquilinas descubren que su antiguo piso está anunciado en portales como Idealista, Airbnb o Booking, con subidas de entre 200 y 400 euros.
“No podemos seguir permitiendo que la vivienda sea un bien de mercado para la especulación”, denuncian desde la asociación. El sindicato recomienda responder con un burofax en cuanto se recibe el aviso del propietario, exigiendo documentación que justifique la necesidad de uso propio: identidad del futuro ocupante, relación de parentesco, declaración jurada, certificados de empadronamiento y, si es posible, una consulta registral que demuestre si esa persona ya tiene otra propiedad.
“Nuestro método funciona. Cuando se les pide que lo demuestren, muchos caseros se echan atrás y la persona inquilina puede quedarse en la vivienda”, asegura Puyi.
Desde 2022
El artículo 9.3 de la LAU permite esta recuperación anticipada del piso, pero solo si se dan ciertos requisitos: debe estar expresamente recogido en el contrato, notificarse con al menos dos meses de antelación, y debe justificarse la necesidad real. Además, el arrendador debe ocupar la vivienda en un plazo máximo de tres meses desde el desalojo. Si no lo hace, se presume que ha habido fraude.
“En esos casos, el inquilino tiene derecho a reclamar”, afirma Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). “Puede pedir la reposición en la vivienda en las mismas condiciones del contrato original, hasta cinco años, o una indemnización de un mes de alquiler por cada año que le quedara por cumplir, más los gastos demostrables de la mudanza”.
Palomo confirma que este tipo de fraude se ha disparado desde 2022, especialmente tras el repunte de precios tras la pandemia. “Muchas inmobiliarias y propietarios empezaron a alegar necesidad de uso personal para deshacerse de los contratos antiguos y volver a alquilar por más dinero. Se ha convertido en una práctica habitual, sobre todo en 2022 y 2023”, asegura.
Demostrar falsedad
El mayor obstáculo es demostrar que la necesidad era falsa. “Es sencillo si ves el piso anunciado en una web, pero si no, es difícil. Puedes comprobar si hay un nuevo nombre en el buzón, preguntar a los vecinos… pero eso requiere tiempo y estar muy pendiente”, reconoce el abogado.
Además, el proceso judicial para reclamar puede ser largo y costoso, lo que disuade a muchas personas. “Ir a juicio da reparo. Hace falta energía, recursos y no todo el mundo quiere enfrentarse a eso, aunque animo a hacerlo si se tienen pruebas sólidas”, añade Palomo.
El Sindicato da algunos consejos para demostrar que te han expulsado ilegalmente de tu casa usando la excusa del “uso propio”: primero, hay que reunir pruebas: mensajes, emails o capturas del anuncio del piso tras tu salida; tras la notificación, recomiendan responder con un burofax, exigir documentación justificativa antes de aceptar el desalojo; y, por último, valorar poner una denuncia: "Puedes solicitar una indemnización o incluso la restitución del contrato si no se ha cumplido lo estipulado por ley", dice Palomo.
Además, dicen, la mejor idea es consultar con especialistas, como organizaciones de apoyo como los sindicatos de inquilinas o a asesoría legal. “El único caso legalmente válido para romper un contrato antes de tiempo es el uso real por necesidad del propietario o un familiar directo. Querer vender, alquilar más caro o dejar la vivienda vacía no son motivos legales”, concluye.