El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo esta semana para garantizar la conectividad de los territorios extrapeninsulares hasta 2029.

El Gobierno ha modificado la Ley General Presupuestaria para autorizar una inversión de hasta 52 millones de euros con la que cubrir las rutas de interés público entre la Península, Canarias, Ceuta y Melilla, las cuales son gestionadas en la actualidad por Baleària y Naviera Armas Transmediterránea.

Tensión

La inyección de fondos públicos llega en un momento de máxima tensión sectorial: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analiza en "segunda fase" la oferta de Baleària para absorber activos clave de Armas-Trasmediterránea, entre ellos la conexión entre Cádiz y Canarias, que es considerada una línea de servicio público.

La operación ha sido impugnada por Boluda al considerar que el cambio de compañía en esa ruta altera las condiciones actuales del mercado, dejando a la naviera de Adolfo Utor en una posición de ventaja frente al resto de competidores, tanto para transportar pasajeros como mercancías a los puertos canarios.

Intereses entrelazados

Competencia analiza si existe riesgo de monopolio al eliminar Baleària a un competidor en el Estrecho y el Mar de Alborán, expandiéndose también a Canarias con la adquisición de la flota de Armas Transmediterránea para estos tres sectores.

Se trata de conexiones estratégicas para la movilidad nacional y el transporte de mercancías, pero deficitarias en términos de rentabilidad. De ahí este techo de gasto de 52 millones aprobado por el Estado, que está destinado a compensar a las navieras por las posibles pérdidas.

La incidencia de la oferta de Baleària en los concursos públicos para cubrir esos servicios es otro de los aspectos que examina con lupa la CNMC.

Un mercado en vilo

Al margen de lo que decida el organismo regulador, la aprobación de estos fondos busca asegurar que las rutas de interés público no queden desatendidas.

La partida más voluminosa tiene un importe anual conjunto de 19,4 millones y está destinada a mantener la conectividad de la Península con Melilla hasta finales de 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2028. Se divide en dos lotes: Málaga - Melilla, que lo tiene Baleària, y Almería - Melilla y Motrill - Melilla, que lo hace Armas.

El Gobierno también ha autorizado la licitación de un nuevo contrato para el periodo 2026-2028 entre Algeciras y Ceuta, servicio que está en manos de Baleària debido a su carácter estratégico. El presupuesto total de la licitación es de 4,4 millones de euros para un plazo de ejecución inicial de 24 meses.

La línea Península–Canarias, actualmente operada por Naviera Armas Trasmediterránea, también será objeto de una nueva licitación, que cubrirá el periodo comprendido entre julio de 2026 y diciembre de 2028, con una compensación anual aproximada de 3,11 millones de euros.

Equilibrio a dos

Uno de los inconvenientes para autorizar la compra es que estas rutas se sostienen sobre un equilibrio entre dos gigantes: Baleària y Armas. Si la compra de la segunda por parte de la primera prospera, el Estado se encontraría licitando contratos públicos en un escenario donde solo habría un postor viable.

Desde enero de 2026, la CNMC ha advertido que la operación de Baleària presenta "riesgos significativos para la competencia". El organismo regulador teme que la fusión derive en un monopolio de facto que provoque aumento de precios, reducción de frecuencias para optimizar costes y licitaciones desiertas o cautivas: si Baleària absorbe a su rival, el Ministerio de Transportes perdería capacidad de negociación en los concursos públicos, viéndose obligado a aceptar las condiciones del único operador disponible.

El dilema del Gobierno

La paradoja es obvia porque el Estado ha aprobado unos fondos para garantizar unos servicios esenciales que él mismo podría tener dificultades para adjudicar de forma competitiva en los próximos meses.

Baleària, en cambio, argumenta que la compra es necesaria para garantizar la viabilidad del transporte marítimo español frente a competidores internacionales, y ha pedido recientemente celeridad a la CNMC para que no se agrave el deterioro de Armas y se se produzcan daños irreversibles a la operación.