Enfrentar los problemas es complicado. Por el camino surgen dilemas, dudas e incertidumbre porque nadie tiene la verdad universal. Es lo que ocurre con la crisis habitacional que azota al país entero, pero Canarias padece una vulnerabilidad especial como región ultraperiférica con los datos de pobreza disparados. Aunque son muchos quienes se aventuran a dar soluciones, una suele resonar por encima del resto: se debe construir vivienda pública.
En medio de todo el debate surgen otros que orbitan a su alrededor como limitar a los extranjeros la compra de inmuebles —seguro que el Banco de España dará su bendición— o regular la vivienda vacacional para evitar situaciones que ya son una realidad: hay barrios del Archipiélago con más plazas en pisos turísticos que vecinos. A nadie se le escapa que el Gobierno autonómico ha movido ficha con el objetivo de lograr ambas cuestiones.
Viviendas asequibles incentivadas
El tiempo dirá si lo consiguen. Ahora bien, no se trata del único reto que tiene sobre la mesa el Ejecutivo regional. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad —encabezada por Pablo Rodríguez (CC)— se propuso nada más empezar la legislatura en 2023 aumentar el parque público de inmuebles. Dos años después, en pleno ecuador del mandato, quizás sea el momento de hacerse la pregunta del millón: ¿cómo ha evolucionado su propósito?
El precio de las casas es el principal inconveniente en un mercado inmobiliario cada vez más tensionado y la posibilidad de firmar un contrato de alquiler se vuelve más difícil. El área dirigida por Rodríguez se plantea de cara a este año 2025 impulsar las viviendas asequibles incentivadas como un guiño a las personas con rentas ni muy bajas ni demasiado altas —porque también son víctimas de una inflación que no para de crecer—.
La clave
Lo llamativo es que consiste en una figura contemplada en la ley estatal de vivienda, pero Canarias se convertiría en la primera comunidad autónoma en desarrollarla. Las Islas serían pioneras en un contexto nacional donde casi nadie se escapa del problema inmobiliario. Ni siquiera aquellas familias con ingresos superiores al umbral establecido para optar a casas públicas.
Ahí está la clave del futuro instrumento. Su puesta en marcha estará basada en incentivos urbanísticos que promuevan arrendamientos accesibles a las unidades familiares que superen los 3.000 euros sin tener —a pesar de todo— opciones viables en el sistema. Si alguien está preocupado, tranquilidad, es compatible con otras alternativas como los alquileres sociales o asequibles.
Lista de solicitantes
Entre las apuestas concretas en vivienda pública que ha puesto en marcha la Consejería de Obras Públicas en los últimos meses está la proyección de más de 1.000 pisos en todo el Archipiélago a lo largo del año pasado y otro millar que quieren dejar en proceso de construcción para este 2025. El número de solicitantes de vivienda protegida en las Islas roza los 30.000.
En Tenerife se han iniciado las obras para levantar casas después de seis años y en Gran Canaria —donde hay 9.200 inscritos— se han entregado 42 casi una década después sin hacerlo en la provincia de Las Palmas. Volviendo al alquiler, el programa de ayuda al arrendamiento para el periodo 2024-2025 supera los 37,4 millones de euros —el mayor presupuesto hasta el momento—.
ICAVI y Visocan
No es la única novedad en materia de partidas económicas. A finales del año pasado, Obras Públicas anunció un incremento del 11,35% en el presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) de cara a 2025. Con el aumento alcanza los 171,8 millones de euros. Es un dinero con el que no solo se pretende ampliar el parque público, sino rehabilitar el que ya existe —como ocurre con 60 casas en San Mateo—.
Si alguien puede explicarlo de primera mano es cualquier vecino de Agaete (Gran Canaria) que resultara beneficiario de la entrega de llaves el pasado 5 de marzo entre el Gobierno de Canarias, Visocan y el Ayuntamiento del municipio norteño. Ocurrió por primera vez en las últimas dos décadas. Son 26 pisos que están entre los 300 y los 600 euros en régimen de alquiler asequible. En Santa Lucía de Tirajana promueven otros 30 —así como 169 en Telde—.
Por municipios
Hace solo unas semanas, la Consejería de Pablo Rodríguez incluyó otras 26 viviendas —esta vez en Gáldar— a un expediente que contempla la redacción de proyectos para 487 casas protegidas en distintos municipios del Archipiélago como Yaiza (Lanzarote), La Oliva, Puerto del Rosario (Fuerteventura), Santa María de Guía, Gáldar y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), Tazacorte (La Palma) y Guía de Isora (Tenerife).
El desafío también ha pasado por invertir 18 millones de euros con el objetivo de adquirir más de 120 viviendas públicas enfocadas en el régimen de alquiler gestionadas por la empresa pública Visocan —quien se encargará también del mantenimiento—. La prioridad serán en todo momento las personas y familias con bajos ingresos o en situación de exclusión social.
Zona Especial Canaria
No es para menos porque el panorama resulta complicado si se tiene en cuenta que el precio de la vivienda en el Archipiélago se disparó el 10,6% en el cuarto trimestre de 2024. Una diana —en el buen sentido de la palabra— pueden ser los promotores inmobiliarios. Nada más empezar el año, Rodríguez viajó hasta Madrid a presentar el paquete de medidas Oportunidades de Inversión en Vivienda en las Islas Canarias.
Tampoco han dejado de lado la posibilidad de reducir los plazos en la concesión de licencias urbanísticas y así minimizar la burocracia —a través de un nuevo decreto—. Además, la Consejería estudia incentivos fiscales para empresas del sector a través de la Zona Especial Canaria. Se prevé la modificación de la Reserva de Inversiones del Archipiélago.
"Una vivienda digna"
Uno de los principales hitos el año pasado fue la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda. La finalidad era aumentar la oferta de suelo y de edificaciones con destino a vivienda en las Islas, así como adecuar la regulación de las casas protegidas para agilizar su construcción.
Todo se llevó a cabo “con el fin de contribuir a la efectividad del derecho de todas las personas a una vivienda digna y adecuada”. En su artículo 5 recoge que “los suelos destinados a equipamientos por los instrumentos de ordenación están habilitados también para la construcción de viviendas protegidas de promoción privada”.
El texto
Permite que el sector público pueda promover viviendas protegidas de promoción privada en régimen de alquiler a precio asequible. Se puede hacer “mediante la constitución a favor de personas físicas o jurídicas de derechos de superficie sobre patrimonio de su titularidad para la construcción y gestión de inmuebles protegidos”.
En su exposición de motivos recoge que existen viviendas libres desocupadas, que pudiendo ser destinadas al alquiler no lo están. Pero la cosa no queda ahí porque reconoce “el impacto sobre el mercado de alquiler de las viviendas vacacionales, con efecto directo en los trabajadores, empleados públicos e incluso estudiantes desplazados temporalmente en las distintas islas”.
Utilizar los fondos de la RIC
Otro asunto es el de que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda destinarse a construir casas que se utilicen para el arrendamiento de vivienda habitual. De esta manera, refrendada por el Consejo de Gobierno autonómico, se pretende incrementar la oferta de inmuebles en alquiler. La cantidad puede ascender a los 2.000 millones de euros.
El Ejecutivo autonómico está elaborando un nuevo decreto ley que incluirá la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, abordando uno de los mayores obstáculos para la construcción de viviendas. También contempla la transformación de suelo terciario en suelo residencial, siempre bajo condiciones específicas.
La juventud
La juventud es uno de los sectores más vulnerables ante la crisis habitacional. Quienes están entre los 18 y los 40 años pueden optar al Bono Alquiler Joven, para el que se ha destinado un crédito de 21 millones de euros. Se ha concedido una ayuda mensual de 250 euros durante 24 meses.
Hasta la fecha, ha habido más de 3.700 personas que han resultado beneficiarias. De hecho, 3.416 ya la están recibiendo o han completado el proceso. El programa sigue en ejecución y los pagos se realizan de manera trimestral. Durante el primer pleno del Parlamento autonómico de este 2025, se abordó la posible implantación de la Hipoteca Joven Canaria.
Aval del Gobierno
El reglamento para ponerla en marcha se encuentra en consulta pública. Desde el área de Rodríguez apuntan que se firmará un acuerdo con las entidades financieras que deseen adherirse al programa. Está destinada a jóvenes residentes en Canarias con al menos dos años de antigüedad que estén pensando en adquirir su primera vivienda.
Permitirá, a través del aval del Gobierno, que los jóvenes puedan financiar hasta el 95% del valor, cubriendo la diferencia del 15% que supera el habitual 80% que otorgan las entidades financieras.
Incentivos fiscales
Entre los planes del Ejecutivo está el de los incentivos fiscales con deducciones en el tramo autonómico del IRPF. A la hora de adquirir una vivienda habitual, para los menores de 40 años puede haber un ahorro de hasta 800 euros —también es válido para quienes superen los 75 años y el general es de 300 euros—.
También habrá una deducción de hasta 150 euros por los gastos que se deriven de la adecuación de una vivienda con destino al arrendamiento como piso habitual. Llegará a los 1.000 euros con la finalidad de incentivar la puesta en el mercado de alquiler de viviendas vacías.
Colaboración público-privada
Las medidas se aprobarán este 2025 con efectos retroactivos a 2024, por lo que se tendrá en cuenta en la próxima campaña de la renta. Es decir, habrá un ahorro relevante para los contribuyentes. Por otro lado, en el último año y medio se han disparado las peticiones para la calificación de viviendas protegidas con 56 solicitudes enfocadas en 2.137 casas de todas las Islas.
Si se compara con otros años, en 2021 se recibieron tres solicitudes para 112 inmuebles, mientras que en 2022 el número descendió a dos peticiones en 78 viviendas. Los datos aumentaron en 2023 con 14 solicitudes para 414 casas.
El área de Rodríguez relaciona la evolución a la colaboración público-privada. Aún quedan dos años de legislatura y todavía faltan rutas por recorrer. Pero como usted sabe, querido lector, alguien dijo una vez aquello de caminante, no hay camino, se hace camino al andar.