El Gobierno de Canarias ha reiterado a los ayuntamientos que realicen una valoración urgente para saber qué suelos pueden ceder al Ejecutivo regional o a los Cabildos insulares con el fin de construir viviendas públicas a fin de dar respuesta a la emergencia habitacional en el archipiélago.
Así lo ha indicado este viernes el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), en declaraciones a la prensa tras una reunión que ha mantenido con representantes de los distintos ayuntamientos de Gran Canaria para exponerles el contenido del decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que entró en vigor el pasado 20 de febrero.
Facilitar y agilizar la construcción
Rodríguez ha defendido que esta nueva norma no invade, en ningún caso, las competencias municipales y ha señalado que, a partir de este decreto-ley, los cabildos obtienen competencias en materia de vivienda que hasta ahora no tenían. El consejero ha visto "bastante predisposición" de todos los ayuntamientos durante la reunión de colaborar.
Con este decreto, el Ejecutivo canario busca concretar medidas específicas en materia de vivienda para disponer de más suelo, poder transformar más edificaciones y agilizar también la construcción de vivienda pública. "Lo que pretendemos al final, a través de esta ley es que se construya vivienda pública de manera mucho más rápida y eficiente, que también se construya vivienda protegida por parte de otros agentes, tanto Cabildo como promotores privados" y solventar la escasa oferta y la alta demanda.
Rodríguez ha defendido que las medidas que incorpora el decreto ley "serán buenas para dar respuesta a la emergencia habitacional en el archipiélago si se aplican de manera adecuada", motivo bajo el que ha llevado a cabo esta reunión en la que han participado los alcaldes, los técnicos municipales de las áreas de Vivienda y Urbanismo, así como el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, que también es consejero de Vivienda, Augusto Hidalgo.
Zonas tensionadas
En relación a la transformación de suelo de uso turístico a residencial, Rodríguez ha indicado que "el primero que tiene la palabra es el promotor privado, el dueño del suelo que es quien tiene que tener la voluntad de cambiarlo" y después, el Ayuntamiento, que será el que determine si hay interés o no, en base a las necesidades del municipio. Por lo que se reunirá con todas las partes implicadas para instarles a ser partícipes de la construcción de vivienda.
Rodríguez ha asegurado que este decreto ley no es sustitutivo ni del Plan Canario de Vivienda, ni de la ley estatal por el derecho a la vivienda, ni de otros programas que se están planteando, sino "un complemento más" para poder dar respuesta a la emergencia habitacional.
En este sentido, en relación a la declaración de zonas tensionadas en Canarias que recoge la norma estatal, Rodríguez ha indicado que, según la ley, son los ayuntamientos quienes tienen que llevar la iniciativa y, en caso de hacerlo, el Gobierno canario estudiar si se dan los parámetros para aplicarla, pero, de momento, ha añadido, "a día de hoy ninguno ha formalmente planteado una zona tensionada en Canarias".