Los cabildos y grupos parlamentarios han trasladado este jueves al consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, sus dudas al respecto del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado en febrero. El texto, que ya está en vigor, establece el silencio administrativo positivo, elimina los informes ambientales y permite uso turístico y residencial en el mismo suelo. Cuestiones que han derivado a los cabildos a reclamar que el texto sea tramitado como ley para realizar aportaciones
En esencia todos los grupos y administraciones insulares admiten que la cuestión de la vivienda es un problema acuciante en las islas. Los alquileres cada vez aumentan más, así como el precio del metro cuadrado, todo en la segunda comunidad más pobre de España. Pero la intromisión en competencias locales o la falta de claridad en determinados puntos ha llevado a varios representantes a reclamar que el decreto pase por todo el procedimiento legislativo y que se apruebe como ley, de forma que todas las instituciones afectadas puedan hacer aportaciones.
Sin escuchar
Esta cuestión de la falta de escucha a las administraciones afectadas ha sido uno de los principales puntos que se han comentado durante el debate del decreto. De hecho, tal y como señaló la diputada socialista Patricia Hernández, el propio Consejo Consultivo afeó que ni siquiera para la redacción del texto se contara con el consejero de Planificación Territorial, Manuel Miranda. Además, tal y como señalaron los representantes de los cabildos, tampoco se tuvo en cuenta la opinión de los ayuntamientos, que serán quienes se verán más afectados.
El texto legal busca añadir más vivienda pública a la oferta a raíz de la supuesta emergencia habitacional que afecta a las islas. En el punto de los problemas que afectan a la vivienda sí han coincidido los cabildos y diputados, pero una de las cuestiones recriminadas desde la oposición es la no concreción de qué implica la emergencia habitacional y la falta de un análisis de partida. De esta forma quedaría en el aire cuántas viviendas serían necesarias poner en el mercado para efectivamente terminar con la emergencia habitacional.
Asustados y preocupados
Especialmente crítica se mostró la consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio de Fuerteventura, Nereida Calero Saavedra (CC), quien reclamó la necesidad de hacer un análisis de la situación en cada isla por las diferentes realidades que hay, no solo en base a la insularidad, sino también a lo local. En este sentido aseguró que en las islas hay municipios que necesitan evitar su despoblación y hay otros que necesitan de “forma urgente” un estudio de la capacidad de carga.
Así, entre “nos asusta” y “nos preocupa”, la consejera señaló sus dudas al respecto del decreto: que se mezcle el uso turístico y residencial, el silencio administrativo positivo, el acortamiento de plazos, o el hecho de que las actuaciones adscritas a la emergencia habitacional estén exentas del estudio de impacto ambiental. “Nada es tan urgente como para eximirlo de las evaluaciones de impacto ambiental. Los efectos sobre el medioambiente son irreversibles”, apuntó.
La otra cara
En contraposición con la situación de Fuerteventura, está la de La Palma. La consejera de Acción Social, Igualdad y Salud, del Cabildo de La Palma, Ángeles Nieves Fernández Acosta (CC), señaló que si bien cada isla tiene su singularidad, la isla de La Palma necesita “articular todo tipo de medidas urgentes”. “A día de hoy siguen familias albergadas en los hoteles sin un recurso habitacional donde darle cobertura”, ha denunciado en relación a las personas afectadas por la erupción volcánica.
Entre estas dos visiones el consejero del área de vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), pidió que el texto se tramite como proyecto de ley para posibilitar a los cabildos insulares a aportar de forma sosegada, “teniendo en cuenta que el decreto ya está en vigor”. En este sentido la consejera de servicios sociales del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García Meneses (ASG), se mostró a favor de promover vivienda pública, pero pidió que se “haga una cautela”, especialmente al respecto del silencio positivo al respecto del cambio de uso de parcelas.
Pequeña duda
Por su parte, el consejero de Presidencia y Servicios Públicos de Tenerife del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano (CC), apuntó que el texto responde a la “urgente necesidad” de la construcción de viviendas pero sí que ha apuntado que necesita “alguna modificación puntual”. Entre ellas la cuestión de promover en un mismo suelo el uso turístico y residencial. “Creemos que sería bueno enmendar parcialmente”, ha apuntado.
Más allá de las dudas de los cabildos y de la posición a favor del decreto de los grupos que apoyan al gobierno, desde la oposición han insistido en la tramitación del texto como ley para solventar ciertas cuestiones que rechazan. “No entendemos por qué aprovechando que hay un problema con la vivienda protegida abrimos el melón a la vivienda libre. Entendemos que no hay un problema de vivienda libre, hay 211.000 viviendas libres vacías”, ha señalado la diputada de Nueva Canarias, Carmen Rosa Hernández Jorge.