El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, anunció este lunes que el Consejo de Gobierno ha iniciado el proceso para aprobar una nueva ley para el sector turístico. “Una nueva ley que venga a regular y a cambiar cómo se está regulando este sector en el conjunto de la comunidad autónoma de Canarias”, declaró Cabello, subrayando que las leyes vigentes tienen más de 30 años y 13 años, respectivamente, y ya no responden a los retos actuales.

Señaló que la modificación de la ley se hará en "modo canario", y explicó: "Tendiendo la mano, escuchando a todas las partes, al conjunto de la ciudadanía, para dotarnos de un instrumento legal que regule no solo el presente, sino el sector que queremos para los próximos 25 o 30 años”, explicó.

Además, ha insistido en la importancia de seguir trabajando para un acuerdo salarial en Santa Cruz de Tenerife, como ya se ha alcanzado en Las Palmas, para la redistribución de los beneficios que genera el sector.

Sector turístico

Cabello apuntó que el sector turístico "en el conjunto de la Comunidad Autónoma Canarias es tremendamente complejo", porque se trata de "la principal actividad económica”. Añadió que también debería "ser revisada la consideración de municipio turístico”.

Para el portavoz, todas las leyes impulsadas por el Gobierno tienen en cuenta “la perspectiva del reto demográfico como una variable” y están vinculadas “a cómo queremos seguir viviendo el futuro en la Comunidad Autónoma Canaria”.

Vivienda asequible incentivada

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, anunció un nuevo decreto de vivienda que busca acortar los plazos de las licencias urbanísticas. Entre sus medidas destaca la creación de la figura de la “vivienda asequible incentivada”, que “va dirigida a las clases medias, es decir, a muchísimas familias canarias que no tienen requisitos para acceder a una vivienda pública, pero desde luego el mercado libre tampoco les permite poder desarrollar un proyecto de vida”.

Rodríguez también explicó que el decreto pone el foco en "cuestiones como los edificios inacabados o las urbanizaciones sin acabar” y permite “el cambio de suelo de uso de suelo terciario a suelos residenciales”. En sus palabras, “lo que plantea el decreto ley es menos burocracia para dar mayor rapidez, evitando el colapso administrativo e incrementando la oferta de vivienda”.