La Federal Maritime Commission (FMC) de Estados Unidos mantiene abierta una investigación formal para determinar si el Gobierno de España ha creado condiciones generales o especiales desfavorables para el comercio marítimo exterior estadounidense, tras la denegación de acceso a determinados buques a puertos españoles. El expediente, publicado en el Federal Register, no menciona a Canarias ni a ninguno de sus puertos, pero sí afecta al conjunto del sistema portuario español, del que el Archipiélago forma parte.
La investigación se centra en la posible vulneración de los principios de libre acceso y neutralidad portuaria recogidos en la legislación estadounidense, y habilita a la FMC, en caso de conclusiones adversas, a adoptar medidas correctoras o compensatorias frente a España. El propio documento señala que estas medidas podrían incluir restricciones operativas, ajustes regulatorios o actuaciones destinadas a proteger los intereses del comercio marítimo de Estados Unidos.
Parte del sistema
Desde el punto de vista económico, el riesgo para Canarias no es directo ni inmediato, pero sí potencialmente indirecto y reputacional. Los puertos canarios, especialmente el de Las Palmas, operan como plataformas logísticas internacionales altamente dependientes de la confianza de las navieras y de la estabilidad regulatoria del país anfitrión. Cualquier conflicto abierto entre Estados puede introducir elementos de incertidumbre en la toma de decisiones de los operadores marítimos, incluso aunque el territorio afectado no esté involucrado en los hechos investigados.
El expediente de la FMC no distingue entre territorios dentro del Estado español. Las eventuales conclusiones o actuaciones se dirigirían contra España como Estado, lo que implica que todo el sistema portuario nacional queda bajo el mismo paraguas jurídico y comercial. En ese contexto, Canarias podría verse afectada únicamente como parte de ese sistema, no como origen del problema.
Otras alternativas
Conviene subrayar que no existe ninguna acusación concreta contra puertos canarios, ni referencia alguna a decisiones adoptadas en Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife. Tampoco hay indicios de que las autoridades portuarias del Archipiélago hayan aplicado restricciones de acceso similares a las analizadas por la FMC. Por tanto, no hay base para hablar de impacto operativo, sanciones o restricciones específicas en Canarias.
El posible efecto se limita, en todo caso, a un plano macroeconómico y estratégico: la percepción internacional del marco portuario español. En un entorno atlántico altamente competitivo, donde hubs alternativos como Marruecos, Cabo Verde o las Azores buscan captar tráfico internacional, la estabilidad institucional y la ausencia de conflictos comerciales son activos clave. Cualquier deterioro de esa percepción puede influir en decisiones futuras de escala, tránsito o inversión.
Efectos colaterales
En términos estrictamente económicos, el escenario actual debe interpretarse como un factor de seguimiento, no como una amenaza concreta. Canarias no es objeto de la investigación, pero su exposición internacional aconseja atención a la evolución del expediente y a sus posibles derivadas diplomáticas y comerciales.
La investigación de Estados Unidos no afecta hoy a la operativa de los puertos canarios, pero introduce un elemento de incertidumbre externa sobre España que, si escalara, podría tener efectos colaterales en territorios estratégicos como Canarias. Por ahora, el impacto es inexistente; el riesgo, exclusivamente indirecto.