El debate sobre prohibir la venta de casas a extranjeros ha empezado a llegar a Canarias. Un tema que en Baleares ya se plantean y que en otros países como Canadá es una realidad. Pero, ¿cómo influye en el mercado que los residentes en el Archipiélago tengan una segunda residencia? “Yo creo que es importante no poner el foco en si son propietarios extranjeros, nacionales o comunitarios”, responde Víctor Jiménez, experto en geografía urbana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Jiménez opina que lo importante es fijarse en el uso que se le da al inmueble y en que la mayor parte de las viviendas se deben destinar a ser la residencia habitual en vez de para uso turístico o intermitente. “Es lo que ocurre con este tipo de viviendas, las ponen en alquiler vacacional o los propietarios las usan de manera muy intermitente”, dice. “Están nueve meses en sus países y luego vienen dos o tres meses a Canarias, pero esa vivienda está durante todo el año generando espacio”, añade.
Datos de viviendas
Sobre el número de viviendas en España se han publicado varios datos por parte de distintos organismos que ayudan a poner en contexto la realidad que Jiménez trata de interpretar desde su visión como experto en la materia.
Datos publicados por el Registro de la Propiedad reflejan que Canarias (30,6%) y Baleares (35,1%) estuvieron en la cabeza a nivel nacional en compra de viviendas por parte de extranjeros durante el tercer trimestre de 2022.
La situación de Canarias en esas cifras es estable en el tiempo, aunque con un porcentaje algo mayor que hace nueve años, cuando las compras de viviendas por parte de extranjeros fueron de un 27,5% en el tercer trimestre de 2014.
La cifra más alta para los archipiélagos
En la serie histórica de los terceros trimestres desde el año 2014, la cifra más baja se registró en 2021, cuando el dato fue del 22,87%. Tanto Baleares como Canarias, en el tercer trimestre de 2022 registraron su cifra más alta. El archipiélago balear notificó su dato más bajo en el tercer trimestre de 2019 (29,15%).
Mientras que, por otro lado, el Gobierno de España publica el número de viviendas que hay en cada comunidad autónoma. En el año 2021 en Canarias habían 1.060.708 de casas, de las que el 16,26% —172.471 de ellas— eran viviendas no principales. Aunque, eso sí, estas cifras no aclaran qué se considera vivienda no habitual.
Por provincias, el dato de Las Palmas fue del 13,35% y en Santa Cruz de Tenerife del 19,27%. La comunidad con un mayor porcentaje de viviendas no principales sobre el total en 2021 fue Castilla y León con el 40,03%.
Una limitación imposible
El geógrafo cree que no se puede considerar que haya un problema con las segundas residencias en las islas. “Todo depende de la magnitud y del escenario en el que nos movemos. Estamos en una isla, que tiene unas dimensiones finitas y eso se tiene que considerar también en la planificación territorial, urbanística y turística”, asevera.
Para Jiménez, la unión de factores como la insularidad, el tamaño y ser un destino de primer nivel hace que la magnitud del problema sea aún mayor. Piensa que limitar la compra de viviendas a los canarios es un tema muy peliagudo porque no se abre nunca el melón.
“Limitar la compra de propiedades es un tema ahora mismo imposible. Yo sé que hay iniciativas en otros países, pero que no están en la Unión Europea. Nosotros tenemos muchos beneficios por pertenecer a la UE, pero hay una serie de contrapartidas y es que tenemos que respetar el derecho comunitario. Tenemos que respetar las reglas que hay y no cabe otra”, cuenta.
Los grandes tenedores
Sobre una posible limitación a quienes no sean españoles, el geógrafo es contundente: “Insisto en no llevarlo al tema de extranjeros o no extranjeros”. “Yo creo que hay que poner el foco, sobre todo, en los tenedores de esas viviendas”, apostilla. Jiménez hace referencia a los propietarios individuales, en grupo, los que provocan un monopolio o los fondos buitre que lo preocupan mucho. “Hay nuevos actores muy poderosos que tienen muchas viviendas y pueden manejar el mercado y los precios”, protesta.
Jiménez continúa con que los grandes tenedores están adquiriendo una posición privilegiada. “Tenemos reconocido en la constitución el derecho a la vivienda digna, pues quizás habría que pensar también en un acceso digno a la vivienda —agrega— porque ahora mismo las nuevas generaciones están viendo que un porcentaje vergonzoso de su renta van destinados a la vivienda”.
La clase media y las segundas residencias
Al retomar el tema de las segundas viviendas de los canarios, el geógrafo asegura que es algo que no existe de toda la vida, sino que todas las poblaciones locales van a tender a mimetizarse con los comportamientos siempre que ellos estimen que sean beneficiosos. “Los locales empiezan a acceder a ese mismo beneficio (no solo en Canarias) en la medida que ellos pueden según su poder adquisitivo”, comenta. Apunta que los residentes no son el elemento clave, pero sí un elemento más.
“Canarias es un lugar deseado por muchas personas y los propios residentes pueden ver en las zonas del sur un lugar idóneo para establecer su residencia si la economía se lo permite. Están repitiendo los comportamientos que han visto en su territorio”, añade.
Haciendo un salto temporal, asegura que esto empezó hace siglos por parte de las clases más altas porque se lo podían permitir. “Poco a poco la clase media ha ido accediendo a ese sueño”, resalta.
Intervenir el mercado
Jiménez tiene claro cuál sería su solución para resolver el problema del acceso a la vivienda y los precios: “Yo creo que todo debería ser un parque de alquiler que sea abordable por los inquilinos y eso permitirá que el Estado tenga capacidad para intervenir el mercado”. Reconoce que lo de intervenir el mercado suena un poco fuerte, pero porque en el contexto político actual de la Unión Europea (UE) “se acepta muy fácilmente el dogma del libre mercado y no se acepta que pueda haber una intervención en ese libre mercado”.
“Hace falta una política de vivienda pública que garantice el acceso digno a la vivienda. Yo siempre he sido partidario de crear un parque público de vivienda pero de alquiler para que la Administración Pública no pierda su capacidad de resguardar el interés general y el interés social”, argumenta.
Uso efectivo de la vivienda
Para Jiménez, esa intervención estatal no debería servir para perjudicar a la empresa, sino para proteger a las personas. “Que haya un uso efectivo y se aproveche bien la vivienda”, dice. En referencia a este tema destaca que “empieza a haber monopolios que influyen fuertemente en el mercado”.
“Siempre se pone en tela de juicio que el Estado intervenga el mercado, pero cuando lo hace una empresa con posición de poder parece que no hay ningún problema. Nunca hay problemas con que el mercado cambie a gusto de los grandes tenedores”, sentencia.