Los propietarios de viviendas vacacionales están llenos de incertidumbre. A principios de año, el Gobierno de España aprobó una medida a nivel nacional que los obliga a inscribir sus pisos turísticos en un registro estatal donde aparezcan todos los que tengan una licencia en vigor. De lo contrario, tendrán que desaparecer de los principales portales web donde anuncian el alojamiento.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) recurrió en enero el decreto porque considera, entre otras cuestiones, que invade competencias autonómicas. A partir de ahí, abrió el camino a otras regiones que también lo han llevado a la justicia como Valencia, Baleares, Murcia, Galicia o Andalucía. Una de las mayores preocupaciones que invade a los dueños de pisos turísticos es que el impacto económico puede ser millonario.
Normativa europea
Javier Martín, gerente de ASCAV, asegura en una entrevista concedida a Atlántico Hoy que el 90% de las viviendas vacacionales del Archipiélago están “en serio riesgo” porque no han conseguido registrarse por problemas burocráticos. Sostiene que, si no llegan a lograrlo, la economía de las Islas puede perder en torno a 1.350 millones de euros. Además, considera que la nueva ley atenta contra la normativa europea.
“Es completamente ilegal”, exclama. Lamenta que en Canarias, al igual que ocurre en el resto del país, el criterio de actuación utilizado por los registradores es “arbitrario”. “Asumen competencias que no tienen, incluso en materia urbanística, para poder denegar la inscripción”, apostilla. Pone sobre la mesa que se ha generado un clima de incertidumbre e inseguridad jurídica entre los propietarios.
"Interpretaciones urbanísticas"
“Imagínate”, comenta, “que a todos los registradores les da para hacer interpretaciones urbanísticas”. Otro de los grandes hándicaps al que se enfrentan es no saber cuándo se va a pronunciar el Tribunal Supremo y, salvo imprevisto, la norma entrará en vigor antes de que la justicia dé su veredicto. “¿Entonces qué hará la gente? ¿Cómo actúa cuando la exigencia de un segundo registro turístico a nivel nacional es [presuntamente] ilegal?”, se pregunta.
Señala que la alternativa que les queda a los propietarios, en caso de que el próximo 1 de julio su propiedad se caiga, es “emprender miles de contenciosos”. “Supongo que harán valer su derecho, tendrán que emprender procedimientos jurídicos de cara a una a una hipotética sanción”, destaca. Desde ASCAV han instado en Bruselas y a nivel nacional que se estudie de otra manera.
"Incertidumbre e inseguridad"
“Lo que no estamos de acuerdo es con la forma en la que se ha llevado a cabo. Lo suyo hubiera sido avalarse de los registros autonómicos y generar uno único. No generar una duplicidad de registros que a su vez incumplen normativas europeas”, prosigue. Merece la pena resaltar que con la nueva norma, que es de obligado cumplimiento, el registro dejaría de ser voluntario como hasta ahora.
Martín admite que se sienten con los brazos atados porque no saben cómo asesorar y asistir a los propietarios con una norma que genera “tanta incertidumbre e inseguridad”. Resalta que en la actualidad ya existe un registro autonómico porque son los gobiernos autonómicos los que cuentan con la competencia, “no el gobierno del Estado”.
“Veremos qué pasa porque si esa exigencia lleva a la pérdida de las publicaciones de los anuncios, como ya están empezando a exigir muchas plataformas, evidentemente los daños y perjuicios; así como la pérdida de lucro cesante y de dinero que están generando va a ser bastante potente”, concluye.