Una delegación de la Ejecutiva Nacional del Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) se ha reunido con el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para abordar la "grave situación de inseguridad jurídica" que atraviesa la policía de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, tras prohibirles la Guardia Civil la tenencia y el uso de bastones extensibles en los puertos estatales de la provincia.
El bastón extensible es un medio de defensa más contundente y eficaz que la porra tradicional de goma. Los agentes lo usan desde hace 15 años, pero la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, siguiendo instrucciones del Ministerio de Interior, ha ordenado su retirada porque es un arma prohibida y peligrosa que sólo pueden usar los funcionarios habilitados de clase A, entre ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En depósito
La Guardia Civil ha dado un mes a la Autoridad Portuaria de Las Palmas para que sus agentes dejen sus bastones en Intervención de Armas, al tiempo que el director del puerto, Francisco Trujillo, ha elevado una consulta a Puertos del Estado para actuar de manera coordinada, pues la prohibición afecta a todas los Autoridades Portuarias.
El conflicto, de hecho, amenaza con subir de tensión y escalar a puertos como Algeciras o Barcelona, donde se barajan medidas colectivas de protesta como entregar los uniformes o las porras de gomas junto con los bastones rígidos.
Obediencia
En Las Palmas, por el momento, se ha acatado la prohibición y el 90 % de la plantilla ha entregado las defensas extensibles (85 en Gran Canaria, 25 en Fuerteventura y 29 en Lanzarote). Sólo faltan compañeros que están de baja o de vacaciones, porque la consigna es clara: no se puede ir a trabajar con los bastones.
El malestar que esta medida ha causado en el colectivo es grande, aunque el problema no es nuevo. El año pasado, algunos puertos, como Barcelona, recibieron instrucciones que no prosperaron al no ser vinculantes. En Las Palmas, sin embargo, es la primera resolución de obligado cumplimiento que se ha emitido hasta el momento.
Núcleo duro
La situación, en cualquier caso, resulta ambigua. En Tenerife sólo llevan bastones algunos agentes porque no es una dotación para la plantilla, Valencia no la entrega a los nuevos agentes y Baleares hizo un amago de retirarlas, explican fuentes del sector. Son Algeciras, Barcelona y Las Palmas los puertos que parecen más dispuestos a judicializar el conflicto y realizar protestas.
Por el eso el SPPLB se ha reunido con la Delegación del Gobierno en Canarias. El sindicato ha comunicado a Pestana que rechazan la postura restrictiva de la Guardia Civil. También han presentado un escrito jurídico que fundamenta el amparo legal del uso de estas defensas, basándose en informes previos de la Intervención de Armas y la CIPAE.
"No tiene sentido que, tras más de 15 años portando este elemento de seguridad en armonía con otros puertos de España, se pretenda ahora desarmar operativamente a los agentes sin una base que responda a la realidad del servicio", señalan desde el SPPLB.
Paralización y mediación
Por eso han anunciado la presentación de un recurso para solicitar la paralización cautelar de la retirada de las defensas extensibles, además de pedir formalmente a Pestana que ejerza de mediador ante Puertos del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad.
El objetivo es alcanzar una solución que aclare el Reglamento de Policía que está en tramitación, con la finalidad de que se mantenga la operatividad actual hasta que se produzca una actualización normativa definitiva.
Un modelo de colaboración
Para demostrar que la coexistencia y la eficacia son posibles, el sindicato entregó los protocolos de colaboración de puertos como Barcelona, Algeciras y Valencia. Estos documentos detallan cómo la Policía Portuaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CFSE) actúan de forma coordinada y conjunta.
Se trata de protocolos que unifican criterios a la hora de afrontar potenciales peligros, como la negativa de un sujeto sospechoso a identificarse o demás riesgos de este tipo.
Pestana, según los sindicatos, se mostró favorable a implementar esos acuerdos e intentar ayudar en el conflicto con las porras, aunque su alcance es limitado porque se trata de una decisión que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Asimismo hay prevista una reunión con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada.