Ningún extranjero — millonario y de fuera de la Unión Europea — podrá solicitar el permiso de residencia a través de la ‘golden visa’ o visado de oro a partir de abril al comprar un inmueble de 500.000 euros o más. El Gobierno de España ha tomado la decisión de retirar este programa, implantado en 2013, para evitar la especulación de la vivienda.
Aunque en Canarias la compra de viviendas por parte de extranjeros continúa siendo un tema candente que se trata de frenar, en el caso de las golden visa, su retirada no afectará al mercado inmobiliario del Archipiélago, según Carolina García, vocal de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI), pues la mayoría de compradores son personas de la comunidad europea y las Islas no destacan como destino de lujo.
“Impacto muy pequeño”
García apunta que la golden visa nunca ha sido un factor determinante en las compraventas de inmuebles en el Archipiélago. “El impacto que ha tenido la introducción y ahora la eliminación de esta medida es muy pequeño en Canarias. En nuestra asociación, a lo largo de todos estos años, los casos de compradores acogidos a este programa se pueden contar con los dedos de una mano”, explica.
El motivo principal de este escaso impacto radica en el perfil del comprador extranjero en Canarias. La demanda inmobiliaria en el archipiélago está dominada por compradores comunitarios, principalmente de origen alemán, italiano y británico, estos últimos afectados solo tras el Brexit.
En cambio, la golden visa ha sido utilizada mayoritariamente por inversores de China y Rusia, mercados con una presencia marginal en Canarias en comparación con otras regiones de España, siendo el caso, por ejemplo de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, donde se registra el 90% de las operaciones.
No contribuirá a la vivienda
Por tanto, al menos en lo que respecta a las Islas y su problema habitacional, la eliminación de este programa no contribuirá a una reducción en el precio de la vivienda o a mejorar la situación en ningún sentido.
“No va a ayudar a aligerar los precios ni a frenar la especulación inmobiliaria. Se trata de una medida simbólica del Gobierno que, en Canarias, no tendrá ninguna repercusión real”, afirma García.
Compra por parte de extranjeros
El mercado inmobiliario de Canarias se caracteriza por la alta demanda extranjera en otros sentidos, un tanto alejados de las personas no pertenecientes a la UE y ricos. En el caso de las Islas, esta compraventa viene marcada, más bien, por la especulación del mercado de la vivienda vacacional, como indica un informe del Banco de España.
El Archipiélago es la tercera comunidad donde más inmuebles fueron adquiridos por parte de foráneos a lo largo de 2024 (27,2% de todas las transacciones que se llevaron a cabo), solo por detrás de Baleares (32,6%) y de la Comunidad Valenciana (28,9%), según datos de Idealista. En las cuatro zonas, al menos una de cada cuatro compras se llevó a cabo por alguien de otro país.
El comprador extranjero — residente o no — muestra un mayor interés por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, alcanzando el 33%, el segundo más alto de España. En la provincia vecina, Las Palmas, el peso foráneo llega al 22,3% del total de compraventas.
Mayor poder adquisitivo
Uno de los problemas relacionados con la compraventa por parte de extranjeros es su alto poder adquisitivo en comparación con el de la población canaria. Durante el primer semestre de 2024, los compradores foráneos adquirieron viviendas en Canarias a un precio medio de aproximadamente 2.900 euros por metro cuadrado — un coste vinculado sobre todo a las zonas turísticas y costeras, donde los precios suelen ser más elevados —.
Se observa una notable diferencia en el valor de los inmuebles según el perfil del comprador. Mientras que los extranjeros adquieren viviendas con un precio medio de 228.465 euros, los canarios, en cambio, optan por propiedades con un coste medio significativamente menor, de 157.577 euros.
El Gobierno autonómico inició en noviembre del año pasado gestiones en Bruselas para restringir la compra de viviendas por parte de no residentes, aunque la medida sigue generando dudas en la Unión Europea.