La batalla por el imperio del Grupo Santana Cazorla ha dado una pirueta de última hora en los despachos judiciales y municipales de Gran Canaria.
Isla Marina S.L., que está vinculada a Lopesan, ha movido ficha ante la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Las Palmas. Su intención es ratificar el control sobre el codiciado Lote 1, una subasta reciente que incluye los hoteles Valle, Lago y Costa Taurito, en Mogán, y la concesión del Hotel Las Tirajanas, en San Bartolomé de Tirajana.
El factor San Bartolomé
Lo más relevante del escrito presentado por en el juzgado, que lleva fecha del tres de marzo, es la irrupción del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el proceso concursal. Según las nuevas alegaciones de Lopesan, el Consistorio ha dictado un Decreto que condiciona la supervivencia de la concesión administrativa del Hotel Las Tirajanas a la continuidad de este grupo empresarial en la explotación del negocio.
El Ayuntamiento, al entrar Santana Cazorla en concurso de acreedores, abrió un expediente administrativo para recuperar la concesión del hotel y volverlo a sacar a concurso. Tenían el aval del Consejo Consultivo de Canarias y una propuesta de resolución del contrato, pero, tras hacerse Lopesan con los activos de Santana Cazorla en la subasta, el gobierno local ha aceptado sus alegaciones y ha decidido archivar el procedimiento iniciado para rescatar Las Tirajanas.
Sostiene el gobierno local que la firmeza de la subasta ganada por Lopesan hace imposible seguir con la resolución del contrato del hotel por la pérdida del objeto relacionado con la incoación del expediente.
Además, para evitar la resolución de la concesión y que el hotel salga del activo del concurso, el Ayuntamiento exige una garantía financiera de 500.000 euros.
Solvencia
Lopesan, en las nuevas alegaciones presentadas al juez de lo Mercantil, destaca que el requerimiento municipal solo se le ha hecho a ellos, y lo interpreta como un respaldo implícito a su solvencia.
El dato nuevo es que el Ayuntamiento, en vez de seguir con la resolución del contrato, ha cambiado de criterio en pleno concurso de acreedores y se ha mostrado favorable a mantener la actividad en manos de Isla Marina (Lopesan), siempre que se deposite el aval acordado.
Sí la adjudicación definitiva fuera para su rival, Lopesan advierte que la concesión del hotel podría extinguirse, abocando al activo a un "largo y costoso periplo litigioso".
Hasta el momento, en el concurso de acreedores, hay una resolución con el resultado de la subasta a favor de Lopesan, pero el juez aún debe tomar la decisión definitiva porque el administrador concursal considera que la oferta de Martinón es inferior en dinero pero mejor en su conjunto.
Contra Martinón y los sindicatos
El escrito de Lopesan no solo aporta hechos nuevos, sino que carga con dureza contra los argumentos de sus competidores y de la representación de los trabajadores.
La compañía de Eustasio López sostiene que la oferta de Martinón es "inválida", pues su propuesta por Valle Taurito estaba condicionada a que se les adjudicara también el Lote 2. Se trata de una serie de locales y suelos al margen de los hoteles, los cuales han sido escriturados a favor de Isla Marina tras ganar la puja.
Además, ante las críticas del Comité de Empresa, Lopesan asegura que su oferta contempla la subrogación de la totalidad de la plantilla en los mismos términos que su rival.
Los abogados de Lopesan tildan de "manifestaciones sin sustento probatorio" las quejas de los sindicatos sobre el conflicto con Santana Cazorla porque niegan que esto afecte a la continuidad de la actividad.
Unidad productiva como prioridad
El argumento central de Lopesan es que ellos son los únicos que garantizan la "continuidad de la actividad empresarial", un principio que el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) prioriza.
Alegan, en definitiva, que cualquier cambio en la adjudicación provisional a estas alturas no solo sería injusto, sino que pondría en riesgo los puestos de trabajo y la estabilidad de los hoteles en Taurito y Tunte.