Todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias reconocen que el archipiélago tiene un problema con el acceso a la vivienda de los residentes de las islas. Son las causas de este problema y las soluciones planteadas las que marcan la línea divisoria entre los grupos. Este martes Sí Podemos ha planteado usar la excepcionalidad canaria como región ultraperiférica para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros, aunque no ha recibido el apoyo de ninguna de las fuerzas políticas ante lo que califican de "turismofobia".
La cuestión la ha planteado el diputado de Sí Podemos, Francisco Déniz, en la última comisión de turismo del Parlamento de esta legislatura, donde ha planteado que Canarias puede valerse de su condición de región ultraperiférica a través de la excepciones como RUP para poder limitar que los extranjeros puedan seguir adquiriendo viviendas en las islas, ya que protagonizaron hasta el 52% de la compras en 2022.
Una pequeña brecha
No es una cuestión sencilla. Expertos en materia de vivienda y derecho ya se han mostrado escépticos con esta medida por confrontar con los derechos de libre circulación de personas y capitales de la Unión Europea y por que Canarias no tiene competencias en derecho civil. Pero hay cuestiones que pueden abrir la puerta a la restricción como es la justificación del interés general, tal y como indica una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y como la Comisión Europea ha respondido recientemente a la eurodiputada del PP Rosa Estaràs.
Para el diputado de Sí Podemos la venta de vivienda, la falta de regulación de la vivienda vacacional y “otro tipo de cuestiones está significando una carestía de la vida” en la islas. “El precio de la vivienda y los alquileres son un factor importante de pobreza en nuestras sociedades”, comentó durante la comparecencia solicitada por su propio grupo para abordar las medidas para paliar el efecto del precio de la vivienda de la venta de propiedades a extranjeros no residentes.
Sin señalar al turismo
Sí Podemos es el único partido que apoya la propuesta de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros. Ya el hecho de que este debate se haya sacado a colación en una comisión parlamentaria de la consejería de Turismo ha significado para el resto de partidos un señalamiento a este sector, ante lo que la consejera, Yaiza Castilla, ha apuntado que este debate debería plantearse en todas y cada una de las comisiones.
“No es una singularidad canaria. Tenemos que tener claro que el turismo no es el origen de todos nuestros males”, ha comentado Castilla durante su intervención, a la vez que ha destacado que “es peligroso atacar a lo que nos da de comer”. Tal y como ha explicado, la compra de vivienda que realizan los extranjeros no tiene los mismos patrones de compra que la de los residentes canarios, sino que se centran en apartamentos con piscina o chalets y propiedades de lujo.
Reenfoque en el alquiler vacacional
“En algunas zonas turísticas como San Bartolomé de Tirajana una vivienda de 55 metros cuadrados cuesta cerca de 1.000 euros”, ha señalado Déniz. Una situación que ha comentado que se traslada a otras zonas con gran presencia del turismo. Esto provoca un proceso de desplazamiento de los habitantes de un territorio a otro por el aumento de los precios; es lo que se conoce como gentrificación. Por ello el diputado de Sí Podemos ha planteado la regulación del alquiler vacacional, es decir, en esta cuestión el trabajo iría enfocado más a regular a los rentistas que a los compradores.
Durante la comparecencia se han apuntado en muchas ocasiones que hay que tener cuidado con “el término peyorativo de turistificación”, y se ha abordado, desde la oposición, que este debate es fruto de la turismofobia. Sin embargo, Castilla sí que ha admitido al respecto de la gentrificación que “una parte del problema es por la actividad turística y también hay que mitigarla”.
Pero insiste en que no es una cuestión de la compra de vivienda por parte de ciudadanos no residentes sino por el aumento del alquiler vacacional, misma tesis que la que ha planteado Déniz. “Muchas familias que intentan sacar una renta están prefiriendo el alquiler vacacional en vez del régimen de alquiler ordinario porque obtienen mayores ingresos”, ha explicado la consejera quien también ha señalado a los fondos de inversión.
Tanto el alquiler vacacional y la compra de viviendas por parte de fondos de inversión como la adquisición por parte de extranjeros muestran una radiografía que “para los expertos evidencia que limitar la compra a extranjeros no solucionaría el problema de la vivienda y sus altos precios”. Por ello, la consejera también destaca que habría que limitar a los rentistas canarios, a las sociedades y a otras figuras con beneficios fiscales en el mercado inmobiliario.
La ejecución de viviendas públicas ha sido una de las principales soluciones que han reclamado tanto desde la oposición como por parte de Castilla, de manera que regule desde el sector público el precio de los alquileres al ejercer una importante fuerza en el mercado.
Un largo debate
Desde los grupos políticos que defienden más el libre mercado como Partido Popular, Ciudadanos o Coalición Canaria han criticado esta medida por atentar contra las bases de libre movimiento de la Unión Europea pero en especial por ser un ataque hacia el sector turístico, una opinión que también comparten desde ASG y Nueva Canaria.
Desde Canadá, a Córcega, pasando por Malta o Dinamarca y también Baleares, la cuestión de la compra de vivienda por parte de extranjeros está suponiendo un amplio debate por cómo afecta a la población residente. La que ha sido la última comisión parlamentaria de turismo ha terminado con el compromiso de Déniz de abordar de nuevo esta problemática en la próxima legislatura.