El Gobierno de Canarias considera un “avance importante” que el borrador de la futura normativa europea sobre vivienda asequible abra la puerta a limitar la compra y el uso de segundas residencias en zonas consideradas tensionadas. El Ejecutivo autonómico entiende que la medida se aproxima a su petición de restringir la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros no residentes y defiende que todo el Archipiélago debería recibir la consideración de zona tensionada para poder establecer estos límites.
Este miércoles, la Comisión Europea ha presentado el borrador de la Ley de Vivienda Asequible, que abre la puerta a establecer límites a la compra de viviendas que no estén destinadas a residencia habitual. El Gobierno de Canarias acudió a Bruselas para plantear una medida similar, aunque dirigida específicamente a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes.
Una limitación basada en el uso de la vivienda
A la espera de analizar los pormenores del texto, el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, estima que puede suponer “un avance importante”, aunque no recoja al 100% las medidas defendidas por el Ejecutivo regional en Bruselas.
El borrador europeo no plantea expresamente prohibir o limitar la compra de vivienda en función de la nacionalidad. La fórmula elegida permitiría a las administraciones restringir la adquisición o utilización de inmuebles que no se destinen a residencia habitual, siempre que se encuentren en una zona sometida a tensión habitacional y se cumplan determinadas condiciones.
Los parámetros para declarar una zona tensionada
La propuesta europea no permitiría aplicar estas restricciones automáticamente. Para considerar tensionado un territorio, la autoridad competente tendría que acreditar tres condiciones acumulativas: que el precio medio de una vivienda equivalga al menos a ocho veces la renta disponible mediana de la población de esa zona, que esa proporción haya aumentado durante los diez años anteriores y que el problema previsiblemente no vaya a mejorar en los tres años siguientes, atendiendo a la evolución de la población, la oferta y la demanda de vivienda.
Además, antes de limitar las segundas residencias, la Administración tendría que demostrar con datos objetivos, transparentes y verificables que la adquisición o utilización de viviendas para fines distintos de la residencia habitual ha perjudicado su disponibilidad o asequibilidad durante, como mínimo, los tres años anteriores. Las medidas tendrían que ser proporcionadas, limitarse al territorio afectado, publicarse antes de su entrada en vigor y revisarse al menos cada cinco años.
“Tenemos que priorizar a los residentes”
El consejero considera que, aunque la redacción europea se centre en las segundas residencias y no específicamente en los compradores extranjeros, sus efectos podrían aproximarse a los objetivos defendidos por Canarias. “En este caso no lo han puesto así, sino que lo que plantean es limitar las segundas residencias, pero entendemos que el resultado puede ser similar”, afirmó.
A juicio del Ejecutivo canario, la propuesta europea “pone el foco en algo que es real”: el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda y las limitaciones de suelo que afectan al Archipiélago. “Es evidente que tenemos que priorizar a los residentes. Esa es básicamente la cuestión”, sostuvo Rodríguez.
Rodríguez rechaza que sea una medida xenófoba
El responsable de Vivienda rechazó que la propuesta del Gobierno autonómico tenga un carácter xenófobo. “No es una cuestión de dónde haya nacido cada cual; para nosotros, canario es el que hace su proyecto de vida aquí”, manifestó. Sin embargo, insistió en que “está claro que tenemos que hacer una limitación a la compra de vivienda, más aún en una situación de emergencia habitacional”.
“Lo ideal sería que en territorios insulares donde hay una limitación mayor por la falta de suelo hubiera una excepción. Nosotros defendemos eso”, indicó el consejero, quien reclamó que la futura normativa europea pueda adaptarse a las particularidades de cada territorio.
Del escepticismo inicial a una “política posible”
El responsable autonómico destacó también el cambio de posición experimentado por otras administraciones. Según expuso, el Gobierno de Canarias comenzó a defender esta limitación prácticamente en solitario y con el escepticismo de otras instituciones, pero posteriormente el Gobierno de España también se posicionó a favor de estudiar restricciones a la compra de vivienda por extranjeros no residentes.
“Creemos que la lucha del Gobierno de Canarias, que inicialmente emprendió solo, con cierto escepticismo por todo el mundo, hoy se ha convertido en una política posible porque se han ido adhiriendo prácticamente todas las instituciones, y eso es lo realmente positivo”, afirmó.
“Todo el Archipiélago está tensionado”
El Gobierno canario considera que los parámetros previstos en el borrador podrían cumplirse de manera generalizada en las Islas. “Todo el Archipiélago está tensionado”, aseguró el consejero. “Podemos discutir que hay municipios con una mayor emergencia habitacional que otros porque existe más demanda y menos oferta, pero hay problemas de acceso a la vivienda en todas las islas y prácticamente en todos los municipios”.
Rodríguez pidió no equiparar el concepto de zona tensionada utilizado por el Gobierno de España para establecer límites a los alquileres con el previsto en el documento europeo. El Gobierno de Canarias se ha mostrado escéptico con la posibilidad de topar los precios en función de esa declaración. “Nada tiene que ver”, afirmó sobre la comparación entre ambos conceptos.
Una medida pendiente de concreción
En todo caso, la declaración autonómica de emergencia habitacional no sustituiría por sí sola los requisitos del futuro reglamento. Las administraciones tendrían que justificar con datos el cumplimiento de los parámetros europeos en cada área donde pretendieran imponer restricciones. El consejero cree que “probablemente los parámetros de emergencia habitacional van a estar en todos los municipios”, aunque reconoció que habrá que esperar a conocer la versión definitiva de la normativa y cómo se aplica.
Rodríguez señaló también que la limitación podría tener carácter coyuntural y mantenerse únicamente mientras persistan los problemas que la justifican. La iniciativa, concluyó, sigue la línea de la política defendida por Canarias: “Incrementar la oferta de vivienda, priorizar la vivienda pública para los que residen aquí y limitar la compra de viviendas para extranjeros no residentes”. El borrador europeo supone un primer avance hacia una parte de ese planteamiento, pero todavía deberá superar la tramitación legislativa y concretar su encaje jurídico antes de convertirse en una herramienta aplicable.
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