El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha oficializado la distribución de las plazas de empleo público para el año 2026, asignando un total de 293 vacantes para todo el sistema portuario nacional, de las cuales 284 se reparten de forma directa entre las distintas Autoridades Portuarias.

Canarias se ha hecho con un pellizco importante de este reparto, sumando 27 plazas en total, aunque con un balance muy desigual entre provincias que sitúa al recinto de Las Palmas en la élite de la contratación estatal, al mismo tiempo que reabre el debate laboral sobre la escasez estructural de las plantillas.

Entre los cuatro grandes

En concreto, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha recibido un total de 20 plazas, una cifra que la coloca en la cuarta posición de todo el país en volumen de contratación de personal laboral.

Con este número, el recinto grancanario se codea directamente con los grandes nodos logísticos y de primera categoría de España, solo superado por Barcelona (28 plazas), Valencia (25 plazas) y la Bahía de Algeciras (22 plazas), e igualando el peso estratégico de las principales capitales marítimas del Estado.

En el lado opuesto del Archipiélago, la brecha provincial es evidente: la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha quedado relegada en esta convocatoria a una asignación de siete vacantes.

Insuficiente

A pesar de que el volumen bruto sitúa a Las Palmas al nivel de los puertos de primera, desde la sección de Policía Portuaria del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) consideran que la dotación es claramente insuficiente y que no responde a la realidad del recinto.

El colectivo recuerda que Las Palmas sigue estando catalogada en términos administrativos como un puerto de segunda categoría. Por este motivo, emplazan a la presidencia y a la dirección de la Autoridad Portuaria para que mantengan una presión política firme ante Puertos del Estado, exigiéndoles que defiendan el estatus que el puerto se gana por su volumen de actividad real.

Seguridad portuaria

El sindicato alerta de la extrema dependencia que sufre el puerto respecto a las bolsas de empleo temporales, de las cuales se sostiene prácticamente la totalidad de los servicios esenciales. Advierten que, si bien estas 20 plazas permitirán consolidar y hacer fijos a aquellos compañeros eventuales que superen los procesos de selección, el número de personas en bolsa es muy superior al de vacantes ofertadas.

Esta falta de personal se vuelve crítica ante la modernización del puerto, que ha incorporado nuevos servicios de alta tecnología como la unidad de drones (UAS), la unidad marítima o la renovación de medios en la unidad de tráfico, áreas que necesitan urgentemente un incremento real de efectivos estables para garantizar la seguridad portuaria.

Soluciones

Para tratar de solucionar este escenario, los representantes sindicales han iniciado una ofensiva política en las Cortes Generales. Hasta el momento se han reunido con un senador del Grupo Socialista y con diputados del Grupo Popular. En ambos encuentros han trasladado una propuesta clave: la conversión de todo el personal laboral de la Policía Portuaria en funcionarios de carrera.

Según defiende el colectivo, esta medida no solo aportaría estabilidad y mejoras laborales, sino que resolvería un limbo jurídico histórico. Actualmente, debido a una salvedad en la normativa, los policías portuarios ejercen como agentes de la autoridad a pesar de mantener contratos de personal laboral, una contradicción que les resta protección legal en su día a día y que exigen corregir mediante una reforma legal inmediata.