La reciente publicación oficial del nuevo convenio colectivo de la flota de Naviera Armas ha desatado una fuerte confrontación sindical entre CCOO y UGT en Canarias. Los delegados de UGT en Armas se negaron a firmar el convenio y recientemente expresaron su rechazo al acuerdo, asegurando que el texto final “presenta desviaciones sustanciales respecto a lo pactado en la mesa de negociación” y que “no respeta acuerdos fundamentales”. Previamente, habían reconocido a sus afiliados haber denunciado el convenio ante la Inspección de Trabajo.
En un comunicado, el sindicato denunció una “pérdida de derechos adquiridos”, un “empeoramiento de las retribuciones” y la desaparición del plus de permanencia para los oficiales de primera. UGT también cuestionó la ampliación de los periodos de embarque y la gestión del plus por objetivos, que, según sus representantes, pasa a quedar “a disposición de la empresa”.
La organización sindical vinculó estos cambios a lo que considera el “funcionamiento irregular” del comité de empresa, al que acusa de “llevar un año sin convocar reuniones reglamentarias”, lo que, según afirma, habría debilitado la representatividad de los trabajadores en el proceso negociador.
Diferentes argumentos
CCOO critica que UGT ahora emita un comunicado aportando estas razones para no firmar el convenio, cuando en la vigésima reunión negociadora se desmarcaron del acuerdo aportando otras explicaciones diferentes a las ahora sostenidas. Según el acta de aquella reunión, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, las razones esgrimidas por UGT para no rubricar el convenio colectivo eran: "Después de 20 reuniones negociando, no se está de acuerdo con la vigencia del convenio, entre otros motivos porque en la práctica va a estar vigente un año y tres meses. No estar de acuerdo con la adaptación de jornadas realizada por la empresa, pues debería ser más flexible. Adicionalmente porque una, vez vencido el convenio, no se concretaría en incremento que corresponde 2026".
Ante estos argumentos, Naviera Armas alegó que "al ampliarse el período de ultractividad, el convenio colectivo tendría prácticamente tres años de vigencia, incluyendo el 2026 solicitado por UGT". En cuanto a la flexibilidad, la empresa recalcó que "después de 20 reuniones y casi dos años negociando, no se ha propuesto alternativa alguno al planteamiento empresarial". Respecto a la tercera cuestión, Armas explicó que "decaído el convenio en el período de ultractividad, se mantienen vigentes todas las mejoras sociales conseguidas sin perjuicio de poder acordar las partes un incremento específico".
Comisiones Obreras justificó su apoyo al acuerdo alegando que "ante la falta de convenio aplicable actualmente, creemos necesario la firma del convenio al proporcionarse de esta manera seguridad jurídica y protección a los trabajadores hasta diciembre de 2025, dando tiempo para ver la vigencia del convenio y negociar un nuevo con la seguridad de estar vigente hasta marzo de 2027. Adicionalmente se quiere recalcar la seguridad jurídica que la firma de un convenio supone ante una potencial venta de todo o parte de la compañía a un tercero".
Respuesta de CCOO
Desde CCOO, sindicato mayoritario en el comité de flota y único firmante del convenio, la respuesta ha sido contundente. En declaraciones a Atlántico Hoy de su presidente, Juan Francisco Falcón, y su secretario, Antonio Rodríguez Ojeda, el sindicato niega “rotundamente” las acusaciones de UGT y sostiene que el nuevo convenio “respeta los acuerdos alcanzados” y supone mejoras salariales respecto al anterior.
Falcón y Rodríguez recuerdan a este medio que el anterior convenio, negociado por UGT, nunca fue registrado y quedó como extraestatutario. Circunstancia a la que, aseguran, la empresa se aferró para no subir los salarios cuando tocaba y ahora para forzar una negociación del nuevo documento más rápida y con menor contenido, bajo la amenaza de modificar sustancialmente las condiciones de trabajo si las negociaciones se alargaban y el paso de los trabajadores al convenio de la marina mercante, lo que hubiera supuesto "trabajar 12 horas y cobrar menos".
Reuniones
En su contestación a UGT, CCOO recuerda que durante la negociación del convenio se celebraron 21 reuniones en dos años, y señala que el propio reglamento interno del comité de flota —en su artículo 14.2— permite a cualquier tercio de sus miembros convocar reuniones extraordinarias, por lo que “los delegados de UGT también podían haberlo hecho”.
El sindicato aporta además tablas salariales comparativas para demostrar un aumento de las retribuciones entre el convenio 2019-2022 y el de 2025. Según esos datos, el salario base del primer oficial de puente pasa de 1.991 euros a 2.654 euros mensuales, y el de un engrasador de 993 a 1.214 euros. También se mantienen complementos como el plus de permanencia, que —asegura CCOO— continúa abonándose.
En cuanto a los periodos de embarque, la organización explica que se consultó a las tripulaciones y que fueron los propios trabajadores quienes votaron mantener las campañas de 50 días de embarque y 30 de descanso, frente a una propuesta inicial de 40 días.
Respecto al plus por objetivos, el sindicato aclara que se ha incluido en el convenio una disposición adicional tercera que reconoce un régimen de incentivos para el personal de fonda, regulando también su pago durante las paradas técnicas en astillero, aspecto recogido en el artículo 19 del nuevo texto.
Subida salarial
La respuesta de CCOO también cita antecedentes. En marzo de 2022, cuando ya tenía mayoría en el comité de flota, el sindicato firmó un acuerdo con la empresa para prorratear la subida del IPC de 2021 (6,5%), evitando una congelación salarial que UGT había propuesto inicialmente, asegura CCOO. El pacto, que lleva la firma de representantes de ambos sindicatos, estableció una aplicación progresiva del incremento entre 2022 y 2025 y una cláusula de garantía de empleo durante el primer año.
El actual acuerdo fue cerrado antes de la integración de Naviera Armas en Baleària, con el objetivo de dejar bien atado el marco laboral de la flota. El convenio prevé una subida total del 6,6% entre 2024 y 2025, una reducción de las campañas de embarque de 50 a 45 días —manteniendo el coeficiente de libranza— y la regulación de la jornada en varadas o astilleros.