Izquierda Unida Canaria (IUC) ha instado al Gobierno de Canarias a asumir un papel protagonista en la adquisición de Naviera Armas "si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) frena definitivamente su compra por parte de Baleària". La formación considera que este escenario "abre una oportunidad estratégica para que el Ejecutivo autonómico impulse una gestión pública de un sector clave para el archipiélago, como es el transporte marítimo".
En un comunicado detallan que el coordinador nacional de IUC, Saúl Alberola, señala que "la advertencia del organismo regulador confirma los riesgos que su formación viene denunciando desde hace meses". Insisten en que el informe de la CNMC "alerta de que la operación podría provocar un aumento de precios, una reducción de frecuencias y una pérdida de calidad en las conexiones entre Canarias y la península", lo que, a juicio de IUC, supondría "un monopolio de facto con graves consecuencias para la ciudadanía".
Alternativa
Desde la organización recuerdan que ya en septiembre del pasado año "defendieron la necesidad de que el Gobierno canario liderara una alternativa pública o con fuerte control institucional". El objetivo, sostienen, sería garantizar "la gestión insular de las rutas marítimas, proteger el empleo de más de 1.500 trabajadores y trabajadoras del grupo y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, justo y con tarifas accesibles".
Para ellos "este nuevo escenario debe activar de forma inmediata al Ejecutivo de Clavijo para que explore una vía pública que priorice el interés general frente al beneficio empresarial”, afirmó Alberola, quien subrayó que el transporte marítimo no puede quedar en manos de intereses privados ajenos a la realidad canaria.
Capacidad financiera
IUC sostiene que, si la operación Baleària-Armas se paraliza o los activos de la naviera se devalúan por riesgo de quiebra, el Gobierno de Canarias "cuenta con capacidad financiera y técnica suficiente para intervenir". A su juicio, la falta de acción "supondría repetir errores pasados y renunciar a una mayor soberanía económica en un ámbito esencial para la cohesión territorial del archipiélago".
La formación también critica "la ausencia de explicaciones por parte del Ejecutivo autonómico sobre su estrategia para garantizar el futuro del transporte marítimo" y lamenta que "no se haya promovido un debate parlamentario al respecto". Aseguran que "no estamos hablando solo de una operación económica, sino de un sistema que garantiza el abastecimiento de bienes básicos y la movilidad entre islas”, remarcó Alberola.
Propuesta
Por último, IUC propone "abrir un proceso de diálogo social y político para estudiar la creación de una empresa pública insular o interadministrativa" con participación de cabildos, ayuntamientos, el Estado y agentes del sector. “La conectividad marítima debe entenderse como un derecho y no únicamente como un negocio. Canarias también necesita gobernarse en el mar”, concluyó el coordinador nacional de la formación.