La ofensiva de la Fiscalía de Delitos Económicos contra Miguel Ángel Ramírez en el caso Sinergias ha chocado con un nuevo muro judicial. El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado sin efecto la citación del presidente de la UD Las Palmas como investigado en la causa que analiza un presunto fraude a la Seguridad Social atribuido a Sinergias de Vigilancia y Seguridad entre los años 2014 y 2019.
La resolución, dictada por el magistrado Rafael Passaro Cabrera, estima el recurso presentado por la defensa del empresario y anula la diligencia acordada el pasado 26 de febrero que ordenaba su comparecencia en calidad de investigado. La decisión se produce después de que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial revocara la prórroga de la instrucción, circunstancia que, según el juez, deja sin cobertura legal las diligencias de investigación acordadas fuera del plazo legalmente establecido.
El auto concluye que la declaración de Ramírez constituía una nueva diligencia de investigación destinada a atribuir formalmente a una persona la condición de investigado. Por ello, una vez anulada la ampliación del periodo instructor, la citación carece de eficacia procesal y debe quedar sin efecto.
Controvertida jugada
La resolución afecta directamente a una iniciativa impulsada por la Fiscalía de Delitos Económicos, con Evangelina Ríos al frente, a comienzos de marzo. Como publicó entonces Atlántico Hoy, el Ministerio Público había solicitado diligencias complementarias para interrogar a Ramírez en el marco de una investigación que ya se encontraba en fase de procedimiento abreviado, es decir, en la antesala del juicio.
Aquella petición ya había generado controversia en determinados sectores jurídicos. La razón era doble. Por un lado, Ramírez nunca había sido llamado a declarar como investigado durante toda la fase de instrucción. Por otro, tampoco figuró como administrador de Sinergias de Vigilancia y Seguridad ni ocupó cargos de responsabilidad en los órganos de dirección de la empresa investigada.
Causa por 3,7 millones
La investigación gira en torno a una supuesta infracotización a la Seguridad Social mediante la exclusión de determinados conceptos salariales de las bases de cotización de los trabajadores de Sinergias de Vigilancia y Seguridad.
Según el auto de procedimiento abreviado dictado por el propio Juzgado de Instrucción número 2, la Inspección de Trabajo cifró el perjuicio económico causado a la Seguridad Social en 3.767.261,52 euros. La causa se dirige contra quienes ejercieron la administración de la compañía durante el periodo investigado y contra la propia sociedad como persona jurídica.
La Fiscalía pretendía ahora ampliar el foco de la investigación hacia Ramírez mediante la práctica de diligencias complementarias previas a la formulación de acusación. Sin embargo, el juez considera que la declaración acordada en febrero no puede mantenerse después de que la Audiencia Provincial invalidara la prórroga de la instrucción.
La resolución no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Más de una década de litigios
El auto se enmarca en una de las historias judiciales más prolongadas del ámbito empresarial canario. Desde hace más de diez años, la Fiscalía de Delitos Económicos, bajo la dirección de Evangelina Ríos, ha impulsado diversas investigaciones relacionadas con el grupo empresarial de seguridad fundado por Miguel Ángel Ramírez.
Hasta el momento, ninguna de esas causas ha desembocado en una condena firme contra el empresario.
La más conocida fue la investigación sobre Seguridad Integral Canaria por un presunto fraude a la Seguridad Social basado en el supuesto camuflaje de horas extraordinarias bajo el concepto de dietas para reducir las cotizaciones. Tras años de instrucción y juicio, la Audiencia Provincial de Las Palmas absolvió a Ramírez en abril de 2024 con un voto particular, de la magistrada Mónica Herreras, en contra. La Fiscalía recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo todavía debe resolver los recursos de casación presentados por las partes.
Otros procedimientos
A esa absolución se suman otros procedimientos relacionados con Seguridad Integral Canaria, Novosegur y la propia Sinergias de Vigilancia y Seguridad que terminaron archivados por la Audiencia Provincial.
Uno de los episodios más significativos se produjo en diciembre de 2025, cuando la Sección Sexta acordó el sobreseimiento provisional de otra causa por presunta defraudación tributaria vinculada a Seguridad Integral Canaria. El tribunal concluyó entonces que no existían indicios suficientes para sostener la acusación contra Ramírez como supuesto administrador de hecho de la compañía tras su salida formal de los órganos de gestión.
Aquella resolución tampoco fue unánime. La magistrada Pilar Parejo formuló un voto particular en el que defendía la existencia de elementos suficientes para que los hechos fueran analizados en juicio.