Más de una década de investigaciones, juicios, autos de archivo y recursos han marcado la relación judicial entre Evangelina Ríos, fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas y el empresario Miguel Ángel Ramírez, sin que hasta ahora los distintos procedimientos abiertos contra él hayan terminado en una condena. Ese largo recorrido procesal suma ahora un nuevo capítulo con el caso de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, donde el Ministerio Público ha vuelto a mover ficha contra el presidente de la UD Las Palmas.
El último movimiento ha sido solicitar diligencias complementarias para interrogar a Ramírez como investigado en una causa por presunto fraude a la Seguridad Social. La iniciativa ha generado debate entre juristas por dos razones principales: el empresario nunca figuró como investigado durante la fase de instrucción de este procedimiento y tampoco ocupó cargo alguno en la compañía.
De hecho, Ramírez nunca ejerció como administrador, nunca apareció en sus órganos de administración, ni ocupó ningún puesto de responsabilidad en Sinergias de Vigilancia y Seguridad, la compañía investigada por una presunta infracotización a la Seguridad Social.
Indicios de delito
La causa se tramita en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que recientemente ha dictado auto de procedimiento abreviado, paso previo al juicio, al considerar que existen indicios de delito contra la Seguridad Social relacionados con la actividad de esa empresa entre 2014 y 2019.
Según la resolución judicial, la investigación apunta a una práctica continuada de infracotización a la Seguridad Social mediante la exclusión de determinados conceptos salariales de las bases de cotización de los trabajadores. El perjuicio económico derivado de esa conducta fue cuantificado por la Inspección de Trabajo en 3.767.261,52 euros.
El auto judicial dirige la causa contra los administradores de la empresa durante el periodo investigado y contra la propia sociedad como persona jurídica, al considerar que fueron quienes intervinieron en el diseño y mantenimiento del sistema retributivo que habría permitido reducir las cotizaciones sociales.
Discutida maniobra
Es en este punto donde aparece la última iniciativa de la Fiscalía: solicitar diligencias complementarias para que Ramírez declare como investigado, una vía procesal prevista en el artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para completar la investigación antes de formular acusación, pero cuya utilización para incorporar a nuevos investigados en esta fase genera dudas entre algunos juristas.
"Creo que genera indefensión en el investigado", apunta una fuente relacionada con el sector jurídico. "¿Por qué no lo solicitó durante todo el periodo de instrucción? No es habitual", añade.
Seguridad Integral
El caso Sinergias se inscribe en una larga serie de procedimientos judiciales relacionados con el grupo empresarial de seguridad que dirigió Ramírez, especialmente Seguridad Integral Canaria, durante años una de las mayores compañías del sector en España.
La causa más conocida fue el juicio por presunto fraude a la Seguridad Social vinculado a la política salarial de esa empresa. La Fiscalía sostenía que la compañía habría camuflado parte de las horas extraordinarias como dietas para reducir las cotizaciones sociales.
El empresario fue finalmente absuelto por la Audiencia Provincial de Las Palmas en abril de 2024, aunque la Fiscalía recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que todavía debe pronunciarse sobre el recurso de casación.
Procedimientos distintos
En paralelo, otras investigaciones abiertas en torno a empresas del mismo grupo han tenido un recorrido judicial similar. En dos procedimientos distintos relacionados con Seguridad Integral Canaria, Novosegur y Sinergias, la Audiencia Provincial terminó archivando las actuaciones contra Ramírez.
Uno de esos archivos fue acordado por la Sección Sexta de la Audiencia, aunque con el voto particular de una magistrada que sí apreciaba indicios para llevar al empresario a juicio.
Archivo por presunta defraudación
A esa lista de resoluciones favorables se sumó recientemente otra decisión judicial relevante. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones penales seguidas contra Miguel Ángel Ramírez en el procedimiento por presunta defraudación tributaria vinculado a Seguridad Integral Canaria.
La resolución, dictada el 9 de diciembre de 2025, estimó el recurso de apelación presentado por su defensa y revocó parcialmente los autos del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas que habían transformado la causa en procedimiento abreviado.
El tribunal —integrado por las magistradas Pilar Parejo y Oscarina Naranjo, y el magistrado Arcadio Díaz Tejera, ponente del auto— concluyó que no existían indicios suficientes para mantener a Ramírez en el procedimiento penal.
Voto particular
La decisión no fue unánime. La presidenta de la Sala, Pilar Parejo, formuló voto particular, al considerar que sí existía una “probabilidad racional” de condena que debía analizarse en juicio. La causa giraba en torno a la tesis de que Ramírez habría continuado actuando como administrador de hecho de Seguridad Integral Canaria tras su cese formal en 2011, cuando la administración pasó a manos de Héctor de Armas.
La Audiencia, sin embargo, consideró que los indicios aportados no alcanzaban el umbral mínimo de corroboración externa exigido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente en lo relativo a la declaración de coimputados. El tribunal subrayó además que la condición de socio mayoritario —con cerca del 97 % del capital— no basta por sí sola para acreditar una función de dirección material con relevancia penal.
Con ese auto, firme y sin posibilidad de recurso, Ramírez quedó definitivamente apartado de ese procedimiento penal.
Mascarillas
A ese mapa judicial se sumó también la investigación abierta a raíz de las operaciones de compra de material sanitario durante la pandemia. La causa nació de una investigación por un presunto fraude fiscal vinculado a los beneficios obtenidos por la intermediación en contratos de suministro de mascarillas al Gobierno de Canarias, operaciones por las que la administración autonómica llegó a pagar alrededor de 25 millones de euros.
En ese procedimiento se investigan cuatro empresarios: el propio Miguel Ángel Ramírez, el entonces diputado regional Lucas Bravo de Laguna, y los empresarios Christian Cerpa y Noel Jammal Fernández.
La investigación se centra en determinar si los beneficios obtenidos en esas operaciones de intermediación fueron correctamente declarados a Hacienda o si existió un posible fraude fiscal. El caso está siendo investigado por la Fiscalía Europea, que asumió las diligencias al considerar que los hechos podían afectar a fondos de la Unión Europea.
Embargos de Hacienda
Además de estas investigaciones, Ramírez sigue imputado en otro procedimiento penal que tramita el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. En esa causa se investigan diversas operaciones societarias que, según la Fiscalía, habrían servido para eludir embargos de Hacienda derivados de las deudas de Seguridad Integral Canaria.
Entre las operaciones bajo análisis figura el cambio de titularidad de acciones de la UD Las Palmas, una operación que forma parte de las transacciones patrimoniales examinadas en el procedimiento. La causa continúa pendiente de informes periciales que determinen el valor de esas participaciones, pruebas consideradas clave para delimitar el alcance económico de las operaciones investigadas.
Pulso judicial abierto
La petición de diligencias complementarias en el caso Sinergias se produce, por tanto, en un contexto marcado por años de investigaciones, absoluciones, archivos y recursos pendientes de resolución.
La secuencia de causas, autos de archivo, absoluciones y recursos ha acabado configurando una de las historias judiciales más prolongadas del ámbito empresarial en Canarias. Y ahora, con la petición de diligencias complementarias en el caso Sinergias, la Fiscalía vuelve a mover ficha en un pulso procesal que se arrastra desde hace más de una década y que sigue sin un desenlace definitivo.
Como el capitán Ahab, Evangelina Ríos sigue a la caza de su particular Moby Dick.