El Puerto de Las Palmas ha dado un paso determinante para aplicar la mayor subida de tarifas en casi dos décadas a las labores de carga, descarga, estiba y desestiba de mercancías.
El director del Puerto, Francisco Trujillo, ha comunicado este jueves al Comité de Servicios Portuarios su propuesta para actualizar los topes máximos del servicio de manipulación de mercancías en un 34,77%.
La subida, necesaria tras 17 años con las tarifas congeladas, llega después de un cambio de criterio de última hora: la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) rectificó un informe previo en el que inicialmente daba la razón a los consignatarios y atemperaba el incremento, optando finalmente por mantener el porcentaje en su nivel más alto.
Superado este filtro consultivo a la comunidad portuaria, el expediente se remitirá ahora a Puertos del Estado para que emita su dictamen preceptivo, tras lo cual se elevará al Consejo de Administración de la APLP, que tendrá la última palabra.
El viraje técnico que blindó el 35%
El choque de fondo entre la institución portuaria y la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa) giraba en torno a cómo computar los costes laborales de la estiba.
Asocelpa exigía en sus alegaciones que la factura del Centro Portuario de Empleo (CPE) —que absorbe más de la mitad del coste de la operativa (50,39%) al contratar a los estibadores— no se revisara con la subida del IPC de Canarias (+33,80%), sino que se asimilara a los gastos de personal propio.
La petición de la patronal tenía un efecto claro: al equipararlo al personal de plantilla, entraba en juego el corsé de la Ley de Desindexación, que topa el alza de los sueldos en el 18,45% (el incremento fijado por los Presupuestos Generales del Estado para el sector público).
La propia APLP asumió inicialmente esa tesis. En un primer informe firmado el 28 de septiembre, la dirección portuaria propuso estimar la alegación de Asocelpa y recortar la revisión del CPE al 18,45%. Esa concesión habría supuesto un tijeretazo de casi ocho puntos al incremento final, dejando la subida en torno al 27%.
Sin embargo, la reunión del Comité prevista para el 30 de septiembre se suspendió ese mismo día a última hora, al tiempo que el informe y la propuesta han sido revisados para esta nueva convocatoria.
Trujillo, un mes después, ha cambiado de interpretación. La nueva conclusión técnica dictamina que el CPE no es plantilla propia de las empresas estibadoras, sino un servicio externo facturado por un tercero. Al no ser personal propio, no se le aplica el tope del 18,45% y es legal computarle el IPC canario al completo (+33,80%).
La maniobra ha permitido al Puerto tumbar la alegación de Asocelpa y blindar el alza máxima del 34,77%.
Arrecife y Puerto del Rosario, por separado
El informe de Trujillo desestima igualmente la segunda pretensión de la patronal, que reclamaba un calendario homogéneo para saber cómo y cuándo se trasladará este encarecimiento a los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario.
La Autoridad Portuaria zanja que el expediente atañe de forma exclusiva al Puerto de Las Palmas. Los puertos de Lanzarote y Fuerteventura deberán tramitar sus propias revisiones en procedimientos independientes, atendiendo a sus respectivas estructuras de costes y operativas insulares.
Luz y combustible desbocados
Al peso del coste del CPE —que por sí solo aporta 17,03 puntos porcentuales a la subida final— se suma la escalada energética: el suministro eléctrico acumuló un incremento del 149,68% (aporta 5,68 puntos) y el combustible y aprovisionamiento de maquinaria se disparó un 103,08% (aporta otros 7,73 puntos).
El cuadro lo cierran el personal propio de las empresas (+18,45%), la conservación de grúas y maquinaria (+15,86%) y las pólizas de seguros (+53,56%), mientras que la cuota empresarial permanece congelada.
El efecto dominó en el bolsillo insular
Aunque la cifra ratificada fija un precio techo y no la tarifa real que las terminales negocian a diario con las navieras, ensanchar el límite legal en casi un 35% otorga a las empresas estibadoras vía libre para renegociar contratos al alza.
En un territorio como Canarias, donde más del 80% del abastecimiento entra por vía marítima, el encarecimiento de la grúa activa un efecto cascada inevitable: la estibadora traslada el coste a la naviera, la naviera lo repercute en los fletes al importador y distribuidor mayorista, y este lo carga en las facturas de transportistas y supermercados.
El sobrecoste amenaza así con filtrarse en el tique de compra y en la cesta básica del consumidor final, al tiempo que castiga a los exportadores locales de fruta o pesca congelada y tensa la posición del puerto capitalino frente a los enclaves competidores de África.
Nadie más presentó alegaciones
La subida de las tarifas máximas de la estiba coincide con otra iniciativa de la APLP para incrementar también las tarifas del servicio de amarre y desamarre, uno de los servicios portuarios esenciales.
Pese al posible impacto combinado de ambas medidas en la competitividad de La Luz, sólo Asocelpa ha presentado alegaciones para tratar de atemperar los aumentos de las tarifas, una postura singular porque este colectivo también representa a empresas estibadoras, principales beneficiarias de las subidas que se están tramitando.
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