Representantes de la compañía turca Karadeniz Holding, que opera bajo la marca Karpowership, han iniciado recientemente una ronda de contactos al más alto nivel para superar las fuertes reticencias técnicas y políticas que genera la instalación de su buque-central de generación eléctrica en el Puerto de Las Palmas. Es la opción elegida por el Gobierno de Canarias para alejar el fantasma del cero energético en Gran Canaria, pero en la comunidad portuaria y el barrio de La Isleta hay desconfianza.
Los representantes de la multinacional han mantenido dos encuentros con figuras determinantes para el futuro del proyecto: la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.
La delegación empresarial busca convencer a ambas administraciones de la viabilidad, seguridad y urgencia de un barco de la clase Shark que aportará 125 megavatios (MW) de potencia. Los técnicos lo consideran necesario para cubrir el déficit actual y responder ante situaciones de emergencia que pongan en peligro la estabilidad del sistema.
Uso puntual, no permanente
El argumento principal es que la central flotante no estará funcionando de manera continua, sino sólo cuando se detecte una insuficiencia del sistema que requiera un pico extra de energía, lo cual reduce el impacto negativo que las seis chimeneas del buque puedan generar a los ciudadanos y los grupos ecologistas.
Estos colectivos, junto con el Cabildo de Gran Canaria, se opusieron a la autorización de una regasificadora en el Puerto de Las Palmas por su contaminación, la cual fue rechazada tras un informe negativo de Salud Pública del Gobierno de Canarias. De ahí la importancia de las reuniones, sobre todo con Morales, que también es consejero de la Autoridad Portuaria. Su partido, además, se ha mostrado públicamente en contra de la solución turca.
Zapata propone, el Puerto dispone
El encaje legal del buque-central se encuentra ahora mismo en estudio por parte de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, según ha revelado la APLP durante la celebración de un foro en Canarias7. Este departamento, que se encarga de la tramitación técnica de emergencia, debe realizar un estudio de impacto ambiental que evalúe la dispersión de gases de las seis chimeneas del barco y su compatibilidad con el entorno urbano.
Todo indica que el barco no irá en el Reina Sofía, muelle elegido al rechazar Capitanía Marítima autorizar la operación en fondeo, sino en la Dársena de África, junto a la parcela destinada a la eólica marina, según desveló también la APLP en la celebración de dicho foro privado.
La idea no es atracar el buque, sino fondearlo en aguas interiores, pues las patronales y la propia administración portuaria no es partidaria de perder línea de negocio de manera indefinida.
La última palabra, en cualquier caso, la tendrá el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que tiene la competencia para autorizar formalmente la concesión del espacio. Sin el voto favorable de este órgano, el buque no podrá amarrar.
De ahí la importancia de la cita de los representantes de la empresa turca con Calzada. La Autoridad Portuaria ve con preocupación el impacto logístico de la operación: el barco restará entre 162 y 200 metros de línea de atraque comercial a la actividad económica ordinaria del puerto durante los cinco años que está previsto que dure la emergencia, un plazo que se podría alargar si no se adjudican nuevos contratos y se renuevan las centrales eléctricas actuales.
Nueva Canarias y el "parche fósil"
En ese contexto también es importante el respaldo de Morales, porque su partido, Nueva Canarias (NC), abandera el rechazo político al proyecto, según un comunicado hecho público en mayo.
Desde las filas de NC se argumenta que recurrir a una central flotante que quema derivados del petróleo (gasóleo o fueloil) a las puertas de la ciudad es un "retroceso inaceptable" en los objetivos de descarbonización de la isla.
La formación de Morales acusa al Ejecutivo regional de "falta de previsión" y sostiene que la situación límite actual se debe a la lentitud histórica en la autorización de energías renovables y sistemas de almacenamiento limpio, exigiendo que se prioricen alternativas de futuro en lugar de depender de una infraestructura fósil de emergencia.
El único salvavidas disponible
Frente a la oposición de NC y los recelos del Puerto, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, defiende el proyecto con rotundidad utilizando los informes de Red Eléctrica de España (REE).
Su departamento sostiene que Gran Canaria opera con un déficit de potencia que pone a la isla en riesgo real de un gran apagón generalizado si falla uno de los grupos grandes de las envejecidas centrales terrestres de Jinámar o Barranco de Tirajana.
Zapata insiste en que el buque-central no es el modelo definitivo para Canarias, sino un "colchón de seguridad temporal" indispensable mientras se tramita la renovación de los equipos en tierra y se consolida el almacenamiento de energía.
El plan se complementa en tierra con la instalación paralela de plantas portátiles de menor tamaño, con unos 20 MW adicionales, en el Polígono Industrial de El Goro, en el municipio de Telde, cuyo proyecto ya se encuentra en fase de exposición pública.
La pelota queda ahora en el tejado de las instituciones implicadas. Mientras la empresa turca intenta suavizar las posturas con la solvencia de sus motores duales y sus soluciones de emergencia, la presión política y el informe definitivo de impacto ambiental marcarán el voto del Consejo de Administración del Puerto, el verdadero juez que decidirá si el Muelle Nelson Mandela se convierte o no en la nueva central eléctrica flotante de Gran Canaria.