La empresa hotelera Radisson Blu deberá devolver 46.169,26 euros al Ministerio de Hacienda después de haber justificado la creación de 180 puestos de trabajo pero solo haber acreditado 179. Tras recibir una subvención de 8 millones de euros la empresa debía mantener durante dos años el número de empleados, sin embargo, no alcanzó el 100% de lo prometido.
Un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha declarado que la empresa Lomoquiebre SL., que pertenece a la marca hotelera anteriormente mencionada y que tiene sede en Mogán, ha incumplido una de las condiciones para acogerse a los incentivos de la Zona de protección económica de Canarias.
Una mínima diferencia
La orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado, indica que en 2021 la empresa recibió una subvención por importe de 8.640.663,64 euros. Al año siguiente, la Subdirección General de Inspección y Control emitió un informe por el cual se indica el incumplimiento del mantenimiento del empleo durante los dos años posteriores al plazo de vigencia, al que la empresa estaba obligada.
Lo curioso del caso es la poca diferencia entre lo prometido y lo acreditado. Según el documento, Lomoquiebre se había comprometido a la creación de 180 puestos de trabajo computables pero “acreditó la creación y mantenimiento de 179,09 puestos, por lo que falta por acreditar la creación y mantenimiento de 0,91 puestos”.
Mantenimiento del empleo
La acogida a estas ayudas establece que el nivel de empleo en las empresas no debe descender del fijado en la resolución tanto durante el periodo de vigencia como durante el periodo posterior a fin de vigencia, indica la orden. El acuerdo de la comisión indica que los incentivos fueron otorgados el 19 de diciembre de 2018, notificados en una resolución individual en enero de 2019 y aceptada por la empresa el 22 de febrero de ese año.
El importe total de la subvención la recibió la empresa el 18 de noviembre de 2021. Fue el 22 de junio de 2022 cuando la Subdirección General de Inspección y Control indicó sobre la obligación del mantenimiento del empleo hasta el final del plazo de vigencia, que era entre el 1 de marzo de 2020 a 1 de marzo de 2022, según el documento.
Devolución con intereses
En total, la empresa incumplió solo el 0,51% de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales en la Zona de promoción económica de Canarias, por lo que debe entregar 44.067,38 euros que debe abonar al Tesoro Público.
Además, debido a los intereses de demora la empresa deberá abonar 2.101,88 euros más. El documento indica que en un primer momento, el 31 de diciembre de 2021, se le instó a la empresa al abono de la subvención a integrar, con unos intereses de demora de 199,21 euros. Justo un año después, la cuantía ascendió a 1.652,53 euros. Por último, el 20 de febrero de 2023 se sumaron unos intereses de 250,14 euros.