AFFA, ACUFADE y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN) han denunciado presuntas irregularidades en el concierto social impulsado por el Cabildo de Fuerteventura para prestar el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. 

Las entidades sostienen que el Cabildo adjudicó el servicio a la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, pese a que existirían dudas sobre si contaba con la acreditación específica necesaria para prestar este servicio especializado. 

Por ello, AFFA ha presentado un recurso contencioso-administrativo para suspender la adjudicación y frenar el inicio del contrato. Además, ODESOCAN ha llevado el caso ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas para que investigue posibles delitos contra la Administración Pública.

La necesidad de la acreditación

Las entidades remarcan que la acreditación no es “un simple trámite administrativo”, sino la herramienta que permite comprobar que una organización dispone de medios, personal, estructura y condiciones adecuadas para prestar un servicio social con seguridad y calidad.

Por eso, advierten de que permitir que un servicio especializado se preste sin todas las garantías exigibles puede afectar directamente a las personas usuarias y a sus familias.

Informes del Gobierno de Canarias

Uno de los puntos en los que se apoyan AFFA, ACUFADE y ODESOCAN son varios informes del Gobierno de Canarias. El Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Viceconsejería de Bienestar Social señala que la Asociación Solidaria Mundo Nuevo no estaría acreditada para la prestación del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal a domicilio destinado a personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia.

Además, los documentos sostienen que estar registrada como entidad colaboradora no equivaldría a estar acreditada para prestar un servicio social concreto y especializado.

Un recurso contencioso-administrativo

Es por ello que AFFA ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura, que desestimó el recurso previo presentado por la asociación contra la adjudicación del concierto a Mundo Nuevo.

La entidad solicita, asimismo, medidas cautelarísimas para suspender la eficacia de la adjudicación y, si el contrato ya se hubiera formalizado, frenar el inicio de la prestación del servicio.

“AFFA no ha llegado a este punto por voluntad de confrontación, sino por responsabilidad con las personas y familias de Fuerteventura”, ha señalado Teresa Cabrera Morales, gerente de la asociación. Según ha explicado, la entidad acudió a la vía judicial después de agotar “todas las vías de advertencia, comunicación y solicitud” ante las administraciones competentes.

Un riesgo para el sistema

Y es que para las entidades, más allá de suponer un riesgo para las personas usuarias, esta falta de acreditación puede implicar "un precedente grave" en el sistema. A su juicio, se estaría rebajando el nivel de control sobre servicios dirigidos a personas vulnerables y se generaría una desigualdad frente a las entidades. 

“Ignorar la obligación legal de las acreditaciones no solo afecta a un procedimiento concreto. Afecta a todas las entidades que durante años han cumplido requisitos técnicos, profesionales, materiales y organizativos para poder prestar servicios especializados con garantías”, ha afirmado Elena Felipe Pérez, directora de ACUFADE.

Denuncia ante la Fiscalía

Ante este posible panorama, ODESOCAN también ha decidido presentar una denuncia en la Fiscalía Provincial de Las Palmas para que se investiguen posibles delitos contra la Administración Pública, al considerar que podrían existir indicios de prevaricación administrativa.

Por el modelo de servicios sociales

Las entidades insisten en que su actuación no responde a una disputa entre organizaciones, sino a la defensa de una garantía que consideran básica para el sistema: que los servicios sociales especializados se presten con todos los requisitos legales y técnicos.

Por eso reclaman a las administraciones competentes transparencia, diligencia y responsabilidad ante un caso que, sostienen, puede sentar precedente más allá de Fuerteventura.

En palabras de las propias organizaciones, “cuando se debilitan las acreditaciones, se debilita el derecho de la ciudadanía a recibir servicios seguros, dignos y garantizados”. Para AFFA, ACUFADE y ODESOCAN, lo que está en juego no es solo este concierto social, sino el modelo de servicios sociales que debe sostener Canarias.