El Cabildo exige al Club de Golf de Las Palmas acreditar la propiedad de la Casa de Bandama
El Cabildo exige al Club de Golf de Las Palmas acreditar la propiedad de la Casa de Bandama

El Cabildo exige al Club de Golf de Las Palmas acreditar la propiedad de la Casa de Bandama

La institución insular da tres meses al club para justificar la titularidad del edificio construido sobre suelo público antes de resolver su concesión

Atlantico Hoy

El Cabildo de Gran Canaria ha requerido al Real Club de Golf de Las Palmas que demuestre documentalmente la propiedad de la Casa Club del Campo de Golf de Bandama, edificada sobre una finca de titularidad insular. El acuerdo, adoptado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, cumple con lo previsto en el Acuerdo Plenario del 28 de diciembre de 1955.

El club dispone de tres meses desde la notificación para aportar la documentación que pruebe su titularidad, en virtud de la cláusula sexta del convenio original. Dicho acuerdo establecía que, transcurridos cincuenta años de uso, las edificaciones revertirían al patrimonio del Cabildo salvo que el Club acreditara su propiedad.

Inicio del proceso administrativo

El expediente, elaborado por el Servicio de Patrimonio y avalado por la Asesoría Jurídica, se apoya en la información catastral y registral relativa a la finca número 5.974 del Registro de la Propiedad de Santa Brígida, donde se ubica el edificio de la Casa Club, con una superficie de 2.500 metros cuadrados.

El Consejo de Gobierno Insular da así inicio a un proceso para determinar la titularidad definitiva del inmueble y regularizar su situación jurídica. Si el Club acredita de forma fehaciente su propiedad, el Cabildo valorará la posibilidad de una nueva concesión administrativa conforme a la normativa patrimonial vigente.

Posesión en precario

Mientras se resuelve el procedimiento, el Real Club de Golf de Las Palmas continuará ocupando en precario el Campo de Golf de Bandama, de acuerdo con el acuerdo de 22 de mayo de 2015, que autoriza su mantenimiento y uso hasta una nueva adjudicación o concesión.

Esta actuación forma parte de la política del Cabildo de garantizar la transparencia y la correcta gestión del patrimonio público, reforzando la seguridad jurídica y el uso adecuado de los bienes insulares.