El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana descarta legalizar mediante un convenio las obras iniciadas por Lopesan para ampliar y mejorar la urbanización de su campo de golf en Meloneras.
Los trabajos, que se ejecutan en los barrancos de El Toscón y de Pasito Blanco, fueron parados en junio por Disciplina Urbanística y son investigados por la Guardia Civil.
Incumplimientos
El Seprona considera que el sellado del tramo a la playa del Hornillo compromete la seguridad, sobre todo ante lluvias torrenciales, pues el dique construido impide el desagüe natural del cauce, además de cortar los accesos públicos al mar establecidos en el planeamiento municipal.
La Demarcación de Costas en Canarias ha abierto un expediente sancionador por la eliminación de esas servidumbres de paso, y el Ayuntamiento ha remitido un informe a la Guardia Civil con una conclusión clara: las obras son ilegales porque carecen de licencia y tampoco se pueden legalizar. ¿El motivo? Afectan a una parcela municipal destinada a zona verde pública.
Negociaciones
En los últimos meses se han producido varias reuniones con la intención de sacar adelante un convenio que resuelva el conflicto con el promotor privado del suelo, pero Urbanismo ha descartado finalmente esa posibilidad: "No existe ningún convenio en ese sentido, Lopesan tiene que ajustarse a la legalidad", explica un portavoz municipal.
Los responsables políticos, por tanto, cierran filas con el informe remitido a la Guardia Civil, que incide en la incompatibilidad con el planeamiento urbanístico y la afección a una zona verde pública.
Gran impacto
Los desmontes de tierra, las nuevas explanadas y las construcciones repercuten de manera directa en el cauce del barranco y contravienen el Plan Parcial Meloneras Golf, un área que debe mantenerse como un espacio virgen, es decir, libre de hormigón.
Es, además, una zona verde de cesión pública, la cual fue entregada y escriturada a nombre de San Bartolomé en virtud de las diferentes compensaciones urbanísticas acordadas para ejecutar el campo de golf y su urbanización.
Según la interpretación municipal, esta incompatibilidad con el planeamiento vigente hace que las obras sean "ilegalizables". Es decir, incluso si Lopesan intentara regularizarlas a posteriori, la propia naturaleza del suelo y la infracción urbanística lo impedirían de forma definitiva.
Denuncia y contexto
La Guardia Civil abrió diligencias de investigación a raíz de una denuncia de la Asociación Cultural Altahay. El Seprona, tras desplazarse a Meloneras e inspeccionar las obras, solicitó al Consistorio que se pronunciara sobre la legalidad de las actuaciones emprendidas. De ahí el informe que ha sido remitido a la Comandancia de Las Palmas.
Lopesan también gestiona la marina deportiva de Pasito Blanco, que está situada al otro extremo de la playa de El Hornillo y de los barranquillos afectados.
Los agentes consideran que eliminar el acceso público a través del cauce equivale a privatizar la playa, pues para llegar en coche hay que sortear los controles privados de seguridad establecidos en la urbanización y el puerto deportivo.