El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este lunes el Convenio de Cooperación con el Gobierno de Canarias para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia durante el periodo 2025-2028, con una dotación global de 615 millones de euros. El acuerdo permitirá atender a unas 8.000 personas dependientes en la isla, aunque desde la corporación insular se advierte de que la financiación no cubre toda la realidad sociosanitaria de Gran Canaria.
La consejera de Política Social del Cabildo, Isabel Mena, ha señalado que el convenio resulta insuficiente, ya que no incluye la financiación necesaria para la apertura de nuevos centros que se encuentran en fase final de construcción, como el CADI de Tamaraceite o el Centro El Drago.
Según explicó Mena, el acuerdo sí contempla una actualización de los precios de los servicios, una medida que el propio Cabildo ya había aplicado en los contratos licitados, pero deja fuera actuaciones clave para ampliar la red pública. “No contempla toda la realidad sociosanitaria de la isla y, por tanto, la apertura de todos aquellos centros que se están terminando de construir”, afirmó, advirtiendo de que esta situación deberá corregirse en 2026 para evitar que infraestructuras ya ejecutadas no puedan entrar en funcionamiento.
Plazas y servicios fuera del convenio
La responsable insular de Política Social indicó además que el convenio no incluye la creación de 200 nuevas plazas de centro de día para mayores y personas con discapacidad previstas por el Cabildo, ni la ampliación del servicio de ayuda a domicilio, actuaciones que la corporación considera prioritarias para dar respuesta al incremento de la demanda.
El texto aprobado solo garantiza la puesta en marcha de algunos centros ya construidos, como el Centro Sociosanitario Tarazona, en Guía; el Centro Sociosanitario de Tamaraceite o el nuevo centro de Taliarte, dejando fuera otras infraestructuras clave para la atención a la dependencia en la isla.
Un convenio con retraso
Desde el Cabildo se recuerda que el acuerdo llega con un año de retraso, una circunstancia denunciada públicamente en varias ocasiones tanto por Isabel Mena como por el presidente insular, Antonio Morales. El convenio fue remitido a la Consejería de Política Social del Cabildo el pasado 11 de diciembre, lo que obligó a la institución insular a adelantar 84 millones de euros con recursos propios para garantizar la continuidad del servicio y evitar que se dejara de atender a las 8.000 personas dependientes.
El convenio aprobado distribuye los 615 millones de euros en cuatro anualidades: 127 millones en 2025, 159 millones en 2026, 162 millones en 2027 y 165 millones en 2028. Desde el Cabildo insisten en que será necesario revisar y ampliar la financiación para cubrir las nuevas plazas y servicios previstos y asegurar la plena puesta en marcha de la red sociosanitaria de Gran Canaria.