La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dejado prácticamente cerrada la vía penal abierta contra el desarrollo urbanístico de El Hornillo, en Maspalomas, al confirmar el archivo de la querella presentada contra responsables políticos, técnicos municipales y promotores relacionados con esta operación inmobiliaria. La resolución supone un importante respaldo judicial para un proyecto que prevé la construcción de 319 viviendas, dos colegios y un centro comercial en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
El auto, dictado el pasado 7 de mayo por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, ratifica el sobreseimiento provisional acordado previamente por el juzgado instructor y rechaza los recursos interpuestos por los propietarios de una parcela afectada por el desarrollo urbanístico. La Sala concluye que los hechos denunciados no tienen suficiente relevancia penal y recuerda que el Derecho Penal debe actuar como “última ratio”, especialmente en conflictos urbanísticos complejos.
Políticos y técnicos
La querella se dirigía contra la entonces alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez; el actual alcalde y entonces concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal; el exsecretario municipal José Marcelino López Peraza; y el jefe de los Servicios Jurídicos de Planeamiento, Antonio José Vega Martel. También figuraba la Junta de Compensación de El Hornillo. Entre los delitos atribuidos aparecían prevaricación, desobediencia, falsedad documental y expropiación ilegal.
El conflicto judicial se arrastra desde hace años alrededor de una de las mayores bolsas de suelo pendientes de desarrollo en el sur de Gran Canaria. El ámbito afectado se sitúa entre Sonnenland, la GC-1 y el barranco de Las Tabaqueras, donde se proyecta una actuación urbanística con uso residencial, comercial y educativo. Además de las 319 viviendas y los dos centros escolares, el planeamiento incluye un parque comercial, nuevas plazas de aparcamiento, espacios libres y zonas destinadas a equipamientos públicos.
Ámbito administrativo-civil
Uno de los principales argumentos de los denunciantes giraba en torno a la supuesta nulidad de actuaciones urbanísticas y expropiatorias relacionadas con la Junta de Compensación del sector. Sin embargo, la Audiencia Provincial sostiene que muchas de las discrepancias planteadas pertenecen al ámbito administrativo y civil, y no justifican por sí solas la apertura o continuidad de una causa penal.
La Sala también rechaza buena parte de las ampliaciones de la querella al considerar que fueron presentadas fuera de los plazos legales de instrucción. El auto recuerda que las diligencias previas se incoaron en junio de 2022 y que la investigación concluyó legalmente un año después sin prórroga, por lo que posteriores intentos de incorporar nuevos delitos, investigados o diligencias resultaban extemporáneos.
Jurisprudencia del Supremo
En su resolución, los magistrados insisten en que no toda irregularidad administrativa implica automáticamente la existencia de un delito de prevaricación. El tribunal cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para recordar que el ordenamiento jurídico ya dispone de mecanismos específicos en la jurisdicción contencioso-administrativa para corregir posibles nulidades o actuaciones contrarias a Derecho sin necesidad de acudir al ámbito penal.
La Audiencia también analiza las sentencias civiles utilizadas por los denunciantes para fundamentar la querella. En ese punto, el auto aclara que algunas de esas resoluciones no anulaban la totalidad de la Junta de Compensación ni el conjunto del proyecto urbanístico, sino determinados acuerdos adoptados en asambleas concretas. Además, recuerda que los recurrentes obtuvieron judicialmente el reconocimiento de su derecho a integrarse en la Junta de Compensación y participar en el desarrollo urbanístico.
Vía contencioso-administrativa
Con esta decisión, la vía penal sobre El Hornillo queda prácticamente agotada tras cerca de nueve años de enfrentamientos administrativos y judiciales vinculados al proyecto. No obstante, el conflicto urbanístico todavía mantiene abierto un frente en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde continúan discutiéndose aspectos relacionados con la tramitación y ejecución del planeamiento.
El auto supone, en cualquier caso, un importante alivio para una operación considerada estratégica por sus promotores y que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desbloqueó urbanísticamente con el objetivo de reactivar el desarrollo de uno de los principales ámbitos de expansión previstos en el entorno de Maspalomas.