La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, alerta de "contradicciones legales" en la aplicación de la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada el 12 de noviembre, y acusa a la consejera de Turismo, Jessica de León, de desconocer la normativa "que ella misma impulsó".
Bueno sostiene que varias afirmaciones de la Consejería chocan con el texto aprobado y con la legislación vigente, lo que genera "caos administrativo y el cierre masivo de viviendas vacacionales". Advierte de que muchos podrían perder su actividad si no se unifican criterios y reclama la creación urgente de un régimen técnico único para las Actividades Clasificadas aplicable en todo el archipiélago.
Consolidación del uso turístico
La Consejería ha indicado que quienes no presentaron la Comunicación Previa deben renunciar a su Declaración Responsable y reiniciar el proceso, pero la alcaldesa recuerda que la Disposición Transitoria Primera de la ley recoge un mecanismo de consolidación del uso turístico sin necesidad de renuncia. Añade que el artículo 6 de la Ley 7/2011 establece que la Declaración Responsable debe presentarse antes que la Comunicación Previa, lo contrario de lo que afirma la consejera.
Bueno insiste en que los propietarios deben tramitar la Comunicación Previa en su ayuntamiento y no dar de baja la actividad en el Cabildo, ya que eso implicaría perder la consolidación reconocida por la ley.
Situaciones de "discriminación"
Otra discrepancia señalada por Mogán afecta al marco técnico de la vivienda vacacional. Aunque la consejera sostiene que ninguna actividad alojativa cuenta con reglamento específico, Bueno recuerda que el decreto 142/2010 sí regula hoteles, apartamentos y complejos turísticos, dejando fuera únicamente a las viviendas vacacionales. Esta ausencia ha derivado en criterios distintos entre municipios a la hora de tramitar Actividades Clasificadas.
Según Mogán, esa disparidad provoca situaciones de discriminación. En Yaiza, Adeje o Teror se exige el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, algo que dejaría fuera a jubilados o desempleados que tributan por IRPF y que podrían perder su pensión o prestación. En Mogán no se exige ese requisito, lo que permite a estas personas mantener una VV como complemento de ingresos.
No prestan servicios propios de industria hotelera
La alcaldesa cita además dos sentencias de los tribunales superiores de Asturias y Aragón que concluyen que las viviendas vacacionales no constituyen una actividad económica, ya que no prestan servicios propios de la industria hotelera. Por ello cuestiona que sea obligatorio exigir Actividades Clasificadas en estos casos.
Bueno también critica la cláusula del artículo 5.2F de la ley, que permite regularizar solo viviendas unifamiliares aisladas cuando no hay planeamiento actualizado. Considera que esta excepción introduce una discriminación con el resto de viviendas residenciales que llevan años operando de manera reglada.
Para evitar el “caos administrativo” y la desaparición de buena parte de la oferta, Mogán propone unificar los criterios de las Actividades Clasificadas en los 88 municipios. Entre las alternativas plantea eximir a la VV de este trámite, declararla Actividad Inocua o equipararla al resto de alojamientos turísticos manteniendo el sistema de Declaración Responsable.