El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha acusado este jueves al Gobierno de Canarias de “llevar al límite la dependencia” al no haber firmado aún los convenios con los cabildos ni cumplir su compromiso de incrementar la financiación destinada al sistema en los Presupuestos autonómicos de 2026.
En rueda de prensa, acompañado por la consejera insular de Política Social, Isabel Mena, Morales apremió al Ejecutivo regional a firmar el convenio de atención a la dependencia y la discapacidad intelectual correspondiente a 2024, que acumula diez meses de retraso. Además, exigió que las cuentas del próximo año incluyan la financiación suficiente para activar las 476 nuevas plazas previstas en la isla.
Consecuencias
El dirigente insular calificó la situación de “insólita” desde el punto de vista jurídico y financiero. Según explicó, el retraso del convenio ha obligado al Cabildo a adelantar 119,9 millones de euros para garantizar la asistencia a 8.592 personas, al tiempo que ha frenado la creación de 256 nuevas plazas previstas para este año por falta de respaldo legal y presupuestario.
Morales criticó la “contradicción” entre el discurso del Gobierno, que asegura defender el estado del bienestar y los servicios sociales en sus cuentas, y su decisión de no incluir fondos para abrir nuevas plazas de atención a la dependencia en Gran Canaria durante 2026.
Necesidad de presupuestos
Por su parte, Mena cifró en 51 millones de euros el incremento necesario para actualizar los precios de los convenios y poner en marcha 428 nuevas plazas en la isla, así como 131.000 horas adicionales de ayuda a domicilio. Entre los planes previstos destacan dos nuevos centros en Tamaraceite y La Paterna.
Ambos responsables solicitaron al presidente regional, Fernando Clavijo, que rectifique los presupuestos mientras aún está a tiempo, al recordar que existía un compromiso desde julio para crear 476 plazas nuevas en 2026.
Proyectos frenados
Morales lamentó que “la confianza ha quedado quebrada” y denunció que es “la primera vez que un Gobierno de Canarias frena la puesta en marcha de nuevas plazas para personas dependientes”, lo que a su juicio supone “condenar al sistema a estancarse”.
El presidente insular explicó que el Cabildo ha asumido una “inversión millonaria” para la creación de nuevas infraestructuras que ahora carecen de respaldo jurídico y financiero para entrar en funcionamiento. Además, advirtió de que la falta de financiación puede comprometer el cumplimiento de la regla de gasto, lo que incluso podría derivar en una intervención del Estado.
Morales cifró en 84 millones de euros la cantidad que aún debe aportar el Gobierno canario dentro del convenio correspondiente a este ejercicio.