El Gobierno de Canarias ha declarado la ocupación urgente de 94.073 metros cuadrados de suelo para avanzar en la reconstrucción de la carretera LP-2, una de las principales arterias viarias de La Palma, gravemente dañada por la erupción del volcán Tajogaite en 2021. La medida afecta a 86 fincas, de las cuales 83 serán expropiadas de forma definitiva y tres de manera temporal, según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
La decisión se enmarca en un nuevo expediente de expropiación forzosa para las obras de acondicionamiento del tramo San Simón–Tajuya y se apoya en el procedimiento excepcional de urgente ocupación, que permite a la Administración tomar posesión de los terrenos antes de fijar el precio definitivo de las indemnizaciones.
Una carretera estratégica, aún incompleta
La LP-2 es una vía de interés regional, clave para la conexión entre el oeste y el sur de la isla. La erupción volcánica sepultó varios kilómetros del trazado original, provocando el aislamiento parcial de municipios como Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte o Fuencaliente y obligando a desviar el tráfico por carreteras secundarias con menor capacidad y peores condiciones de seguridad.
Desde 2021, la reconstrucción de esta carretera ha avanzado mediante proyectos modificados, actuaciones de emergencia y fases sucesivas de expropiación, reflejo de la complejidad técnica de trabajar sobre un terreno profundamente alterado por las coladas. La morfología volcánica, la presencia de lava solidificada, canales lávicos y problemas de estabilidad han hecho inviable recuperar el trazado original y han obligado a rediseñar la vía en varios puntos.
Urgencia sin precio
La orden no fija ninguna cuantía económica ni establece el coste total de las expropiaciones. Se limita a certificar que existe crédito presupuestario suficiente, dejando la determinación del justiprecio para una fase posterior, finca por finca.
Este es uno de los efectos más relevantes del procedimiento de urgencia: la Administración puede ocupar los terrenos y continuar las obras una vez levantadas las actas correspondientes y depositada una indemnización previa, mientras el precio definitivo se discute después, incluso ante el Jurado de Expropiación o los tribunales.
Los propietarios afectados conservan la posibilidad de recurrir la orden —en reposición o ante la jurisdicción contencioso-administrativa—, pero dichos recursos no suspenden automáticamente la ocupación, salvo que un juez acuerde medidas cautelares, algo poco habitual en obras viarias de interés general.
Recuperación económica y presión social
El Gobierno justifica la urgencia en la necesidad de mejorar la movilidad, reducir los tiempos de desplazamiento hacia servicios básicos como la atención sanitaria y favorecer la recuperación económica y social de La Palma tras la crisis volcánica. La LP-2 es considerada una infraestructura clave para la actividad agrícola y turística del sur de la isla y para la fijación de población en las zonas más afectadas por el volcán.
No obstante, las distintas expropiaciones que ha habido para reconstruir la LP-2 han generado malestar entre algunos propietarios y colectivos locales, que en fases anteriores han reclamado mayor transparencia y han cuestionado los retrasos acumulados en la reconstrucción de la carretera, más de cuatro años después de la erupción.