El Cabildo de La Palma atribuye a la negativa de un residente de la Residencia de Mayores La Dehesa a ser reubicado temporalmente en otro centro sociosanitario que se esté impidiendo "el inicio de las obras de mejora previstas en el centro", una actuación que consideran "imprescindible" y que, según la institución, "genera un grave perjuicio para la isla".
La administración insular emitió un comunicado para aclarar “diversas cuestiones en relación con un artículo de opinión publicado recientemente en varios medios de comunicación”, firmado por una persona usuaria de la residencia, quien señalaba al Cabildo de “perjudicar a mayores en residencias para construir más plazas sociosanitarias, cuando no es capaz de gestionar las existentes”.
Explicaciones
El Cabildo asegura que dicha persona “fue alojada en una habitación individual durante la crisis del COVID-19 debido a que se encontraba en una situación de emergencia social extrema” e insisten en que la reubicación que se plantea ahora "sería temporal", y que el residente "podrá regresar a La Dehesa una vez finalicen los trabajos".
Afirman que las obras, "que forman parte de una inversión de seis millones de euros destinada a la modernización y ampliación de los servicios sociosanitarios en la isla", buscan mejorar "las condiciones de los actuales usuarios y aumentar la capacidad del centro". Según la institución, actualmente hay casi "500 personas en La Palma en lista de espera para acceder a una plaza residencial, todas con su grado de dependencia debidamente acreditado".
De hecho hacen "un llamamiento a la responsabilidad" y reiteran su "compromiso con el inicio de los trabajos, asegurando que cualquier proceso de reubicación se llevará a cabo bajo criterios técnicos y de seguridad, garantizando el bienestar de todos los residentes".
No es la única denuncia
No obstante, la Plataforma Derecho al Techo emitía este pasado lunes un comunicado para manifestar públicamente su denuncia sobre la situación que atraviesan los usuarios del Centro Residencial La Dehesa, en La Palma. Según el colectivo, las personas mayores residentes están siendo víctimas de una actuación que califican de "injusta" y "lesiva" por parte del Cabildo Insular de La Palma, en el contexto de una reforma de las instalaciones.
La organización sostiene que, bajo el pretexto de una reforma valorada en seis millones de euros y financiada con fondos europeos Next Generation, la institución insular ha impuesto el desalojo forzoso de los residentes de sus habitaciones. La plataforma asegura que este proceso se está llevando a cabo sin la información suficiente, sin la participación de los afectados y sin garantizar alternativas habitacionales dignas, lo que consideran una vulneración de la legislación de servicios sociales y del derecho a la intimidad.