El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en funcionamiento un nuevo canal de denuncias para comunicar posibles infracciones administrativas o penales graves o muy graves relacionadas con la actividad del propio Consistorio. Esta medida es obligatoria y cumple con lo establecido en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
“Se trata de una obligación legal que, como administración pública, debemos cumplir”, explica Jorge Rivero, técnico de Transparencia del Ayuntamiento. El canal está dirigido a personal municipal, proveedores, licitadores u otras personas que tengan algún tipo de relación directa con la institución local y conozcan posibles irregularidades en ese marco.
Proteger al informante
No es un medio, aclara Rivero, para realizar cualquier tipo de denuncia vecinal ni de uso general. “Este canal está destinado a la comunicación de infracciones administrativas o penales graves o muy graves, de las que tenga conocimiento cualquier persona en su relación con el Ayuntamiento”. Para otras cuestiones existen vías como el buzón del ciudadano o el procedimiento de sugerencias y reclamaciones.
El proceso se articula a través de una plataforma accesible desde la sede electrónica del Ayuntamiento. “Esta plataforma permite al denunciante mantener el anonimato si así lo desea, uno de los objetivos esenciales de la citada ley, que busca proteger al informante frente a posibles represalias”, detalla Rivero. El canal, alojado en el sitio web municipal, permite también el seguimiento del expediente sin necesidad de identificarse.
Paso a paso
Una vez presentada la denuncia, el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de tres meses para tramitarla, prorrogables por otros tres en casos complejos. Durante este periodo se analizan los hechos, se puede requerir más información al denunciante o a los servicios implicados y se garantiza el derecho de defensa de las personas afectadas.
En caso de que no se aprecien indicios de infracción, la denuncia se archivará, siempre preservando la identidad del informante. Si se trata de una infracción administrativa, se trasladará al servicio municipal competente. Si pudiera ser constitutiva de delito, se enviará al Ministerio Fiscal. Y si afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.
La iniciativa busca facilitar la detección temprana de casos de fraude y reforzar la integridad institucional. Según Rivero, “su función es contribuir a la detección de posibles casos de fraude o corrupción vinculados al Ayuntamiento”, y forma parte de las nuevas obligaciones de las administraciones públicas en materia de transparencia y buen gobierno.