La Asociación de Vecinos Ruala de La Laguna ha decidido acudir a los tribunales por el cierre al tráfico general del camino Cañaveral. Según aseguran, la medida en vigor desde enero de 2023 lesiona derechos fundamentales y carece de justificación legal.
El presidente del colectivo, Marcos Llarena, explica a Atlántico Hoy que el tema ya está en manos de sus abogados y están a la espera de “ver si a la demanda se suman el resto de asociaciones y colectivos" de La Laguna", pues cuando se manifestaron por este asunto fuero apoyados por "más de 30 asociaciones del municipio”.
El planteamiento es presentar un recurso contencioso-administrativo solicitando la nulidad del bando municipal mediante el que se cerró la calle, pedir medidas cautelares urgentes para suspender inmediatamente el cierre y formular una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños causados a los vecinos.
La gota que colma el vaso: la intervención policial
Ruala ha denunciado que una actuación policial de la tarde del jueves ha sido el detonante del paso a los tribunales. Los vecinos denuncian "multas, inmovilizaciones y retirada arbitraria de vehículos" como culmen de un conflicto abierto desde enero de 2023, cuando el ayuntamiento cerró al tráfico esta vía. Según los vecinos de Ruala, la decisión se tomó de forma "unilateral (...), perjudicando a cientos y cientos de vecinos de las zonas limítrofes de San Roque, La Rúa, Bronco Lomo Largo y Aguere”.
Para Ruala, la medida “se adoptó sin estudios técnicos que la justifiquen, sin informes de movilidad, sin análisis de alternativas y sin evaluación del impacto en los vecinos de las zonas limítrofes”. Además, aseguran que la forma de decretar el cierre no se ajusta a derecho, pues aseguran que "un bando municipal no es el instrumento adecuado para adoptar la decisión de cierre o peatonalización de las calles del municipio".
La versión del Ayuntamiento: sanciones sí, grúas no
El Ayuntamiento de La Laguna rechaza esa versión y asegura que en la intervención policial “no se inmovilizó ni se retiró ningún vehículo”. En declaraciones a Atlántico Hoy, el consistorio asegura: “Agentes de la Policía Local acudieron en la tarde del jueves al camino Cañaveral ante un aviso vecinal de que numerosos vehículos transitan a diario por la vía, pese a que la circulación está limitada a los residentes, tal y como se especifica en la señalización ubicada en la entrada de la calle. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que, en efecto, varios vehículos se saltaban la señalización y entraban en la calle como vía de tránsito, por lo que se procedió a controlarlos, siendo denunciados una decena de conductores”.
El Consistorio sostiene que la restricción responde a criterios técnicos y jurídicos: “La limitación de circulación de tráfico en el Camino Cañaveral se aprobó en enero de 2023 de acuerdo con criterios técnicos del área de Seguridad Ciudadana y el aval de los servicios jurídicos municipales para garantizar la seguridad vial tanto para los vehículos como para los peatones, al tratarse de una calle muy estrecha que carece de aceras y que venía soportando diariamente el paso de un elevado número de vehículos.”
No esperar al centro sociosanitario
Asimismo, recuerda que el Plan General de Ordenación contempla una reforma integral, “transformando la actual vía, de un solo carril y sin peatonales, en una calle de 12 metros de ancho, con dos carriles y aceras amplias a ambos lados. El espacio de esa ampliación se ganará a la parte posterior de los antiguos acuartelamientos".
"En este sentido, el Ayuntamiento de La Laguna ha propuesto al Cabildo de Tenerife ejecutar ya la ampliación de la vía Camino Cañaveral sin necesidad de esperar a que se lleve a cabo el anunciado proyecto de creación de un centro sociosanitario en los antiguos acuartelamientos del Cristo, adquiridos por la institución insular el pasado mes de diciembre.”, añade.
Tres años de conflicto vecinal
El enfrentamiento entre vecinos y ayuntamiento comenzó con el cierre de Cañaveral en 2023, que desató quejas por colapsos en calles alternativas. En mayo de ese año, más de 15 asociaciones salieron a protestar. Denunciaron colas de tráfico y cambios de sentido que empeoraban la movilidad. Incluso la Policía Nacional envió un escrito solicitando que se revirtiera el cambio de sentido en Nava y Grimón y Tabares de Cala.
En esas fechas, el concejal de Seguridad, Badel Albelo, adelantó que La Rúa recuperaría el doble sentido para aliviar los atascos.
El papel del Cabildo y los cuarteles del Cristo
En diciembre de 2024, el Cabildo de Tenerife compró los antiguos acuartelamientos del Cristo por 8,1 millones de euros. Esa operación fue clave porque permitía planificar un futuro centro sociosanitario, con 2 millones de euros anuales ya reservados, y además abrir la puerta a ampliar el camino Cañaveral y dar salida trasera al velatorio de la Esclavitud.
En mayo de 2025, el ayuntamiento pidió formalmente al cabildo la cesión de parte del suelo. Se trata de unos 2.340 m², necesarios para derribar el muro y las viejas viviendas militares y ensanchar la calle a 12 metros de ancho, con dos carriles y aceras.
El concejal Albelo aseguró en junio que “no hace falta modificar el Plan General” porque el proyecto ya está amparado por el planeamiento. Añadió que la obra sería rápida “si hay voluntad del cabildo”, aunque reconoció que no hay aún plazos ni presupuesto cerrado.
Dos visiones enfrentadas
Para la Asociación Ruala, el cierre actual “viola el principio constitucional de proporcionalidad” y “vulnera múltiples derechos constitucionales” como la “libre circulación (artículo 19 CE)”, la “igualdad ante la ley (artículo 14 CE)”, la “participación ciudadana (artículo 23 CE)” y la “prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 CE)”.
El Ayuntamiento, en cambio, insiste en que el cierre es legal, avalado por los servicios jurídicos y necesario para garantizar la seguridad en una vía demasiado estrecha y sin aceras. Como solución definitiva, plantea la obra de ensanche con apoyo del cabildo.