Una vivienda vacacional en Canarias. / ATLÁNTICO HOY
Una vivienda vacacional en Canarias. / ATLÁNTICO HOY

El Ayuntamiento cierra una vivienda vacacional en Miguel Rosas tras la denuncia de los vecinos

La comunidad del edificio Luis XV alertó de la actividad ilegal y el Consistorio ha ordenado su cese inmediato por operar sin licencia turística

Martín Alonso

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el cierre inmediato de una vivienda vacacional ilegal ubicada en la calle Doctor Miguel Rosas, número 37 bis, local bajo B, tras la denuncia de la comunidad de vecinos del edificio Luis XV.

Según ha podido confirmar Atlántico Hoy, la Dirección General de Edificación y Actividades ha requerido al propietario del inmueble, Mahmud A. C. M., que paralice la actividad turística en un plazo de dos días, al carecer del título habilitante obligatorio para el alquiler vacacional.

Sin inscripción turística

La actuación municipal se basa en un informe del Cabildo de Gran Canaria, que confirma la inexistencia de inscripción turística en los locales señalados. El expediente señala que el titular no presentó alegaciones durante el trámite de audiencia, a pesar de haber sido notificado el pasado 17 de junio, lo que ha acelerado la orden de cese.

Unos turistas se dirigen a una vivienda vacacional / EFE
Unos turistas se dirigen a una vivienda vacacional / EFE

El Ayuntamiento ha actuado en aplicación de la Ley 7/2011 de actividades clasificadas y espectáculos públicos, que califica como infracción muy grave el ejercicio de actividades turísticas sin licencia, y respalda la suspensión inmediata sin más trámite que el de audiencia.

Además, la resolución cuenta con el respaldo de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1, que avala el cierre de actividades clandestinas para proteger el interés público en materia urbanística, salubridad y convivencia vecinal.

Zonas tensionadas

Esta intervención forma parte de la estrategia del Ayuntamiento capitalino para controlar las viviendas vacacionales ilegales, especialmente en barrios tensionados por la expansión del alquiler turístico, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y regular en Las Palmas de Gran Canaria.

El propietario afectado tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes, o acudir a la vía judicial contencioso-administrativa en un plazo de dos, aunque la resolución ya es firme en vía administrativa.