El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una resolución en la que requiere a la empresa Mucho Alboroto SL, responsable del local Alboroto, ubicado en la calle Remedios número 10, a adoptar medidas inmediatas para evitar molestias por ruido y retirar elementos no autorizados del espacio público.
La decisión, firmada el 20 de octubre de 2025 por la Directora General de Edificación y Actividades, responde a una denuncia de la Policía Local presentada el 25 de julio de 2025, en la que se constataba que el sonido de la música trascendía a la vía pública debido al uso inadecuado de la doble puerta del establecimiento.
Sin autorización
El informe técnico, elaborado por un Técnico Superior de Administración General, detalla además que el local mantenía ocupación del espacio público con carteles y cintas sin autorización municipal. Pese a haberse concedido trámite de audiencia, la empresa no presentó alegaciones.
El establecimiento Alboroto cuenta con una declaración responsable de funcionamiento desde 2016 como sala de conciertos, pero el Ayuntamiento considera que no está cumpliendo las condiciones previstas en su licencia de instalación, infringiendo el artículo 28.3 b) de la Ordenanza municipal de protección del medio ambiente frente a ruidos y vibraciones.
Aviso municipal
Por todo ello, el consistorio ha decidido requerir de forma inmediata que se haga un uso adecuado de la doble puerta, advirtiendo que en caso de reincidencia podría incoarse un expediente sancionador. Asimismo, la resolución establece un plazo de dos días para retirar de la vía pública los elementos sin autorización administrativa.
La resolución se ampara en los artículos 54 y 55 de la Ley 7/2011, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, y en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que facultan a los órganos municipales para requerir la corrección de irregularidades detectadas en actividades clasificadas.
Recurso
El documento también informa al titular de la actividad de que puede interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado correspondiente de Las Palmas.
La medida se enmarca en las actuaciones de control del Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre ruidos y el uso ordenado del espacio público en zonas de ocio de la capital grancanaria.