El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha cargado este viernes contra la respuesta ofrecida por el Gobierno de España a la pregunta registrada en el Congreso por la diputada nacionalista Cristina Valido sobre el cierre de tres oficinas de Correos en la capital grancanaria. El edil considera “intolerable” la postura del Ejecutivo y asegura que se está tratando de justificar un recorte de servicios públicos con argumentos que “no se sostienen”.
La polémica surge tras la clausura de las oficinas situadas en Arenales, El Sebadal y Hoya de La Plata, una decisión que CC considera perjudicial para miles de usuarios que dependían de estos puntos de atención postal.
Críticas a los argumentos del Ejecutivo
Suárez sostiene que el Gobierno no solo se niega a reconsiderar el cierre de las sucursales, sino que además ofrece una explicación alejada de la realidad de la ciudad al afirmar que existen oficinas cercanas capaces de asumir la demanda de los usuarios afectados.
Para el portavoz nacionalista, esta justificación ignora aspectos clave como la movilidad de los ciudadanos, las conexiones de transporte público o las dificultades que pueden encontrar determinados colectivos para desplazarse a otros puntos de atención.
“Una cosa es mirar un plano desde Madrid y otra muy distinta es conocer la ciudad, sus barrios, sus frecuencias de guagua y las necesidades de las personas mayores, de los vecinos del Cono Sur o de las empresas de El Sebadal”, afirmó.
Coalición Canaria recuerda que las tres oficinas cerradas prestaban servicio en zonas con características muy distintas entre sí, pero con un elemento común: su utilidad para vecinos, autónomos, trabajadores y empresas.
Según Suárez, las sucursales desempeñaban una función importante en la actividad cotidiana de estos barrios y su desaparición supone una pérdida de proximidad en la prestación del servicio.
El edil considera especialmente preocupante que el Gobierno reduzca el debate a criterios numéricos y a la existencia de una ratio mínima de oficinas por habitante.
Más allá del mínimo legal
La respuesta remitida por el Ejecutivo apunta a que Las Palmas de Gran Canaria contaba con más oficinas de las exigidas legalmente, una explicación que CC considera insuficiente para justificar el cierre de tres dependencias.
Para Suárez, “cumplir el mínimo legal no puede ser la aspiración de un servicio público esencial”, especialmente en una ciudad con una amplia extensión territorial, una importante actividad económica y una población envejecida en algunos barrios.
El portavoz nacionalista advierte además de que la concentración de usuarios en menos oficinas puede provocar mayores tiempos de espera, desplazamientos más largos y una reducción de la calidad de la atención.
Reivindicación abierta
Coalición Canaria asegura que continuará defendiendo la reapertura de las oficinas afectadas y trasladará esta reivindicación a todas las instituciones donde tenga representación.
David Suárez concluyó denunciando lo que considera una visión “centralista” por parte del Gobierno de España hacia la realidad de Las Palmas de Gran Canaria y sostuvo que el cierre de las oficinas de Arenales, El Sebadal y Hoya de La Plata supone un perjuicio directo para los vecinos y para un servicio público que sigue siendo imprescindible para numerosos ciudadanos.