El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido condenado por la Justicia a pagar intereses tras incumplir el contrato de suministro de impresoras, equipos multifunción y escáneres, en un procedimiento que afecta a varios servicios municipales y que ha terminado con la resolución del acuerdo y la devolución de los equipos.
El origen del litigio se sitúa en la contratación centralizada del Estado, en el marco del Acuerdo Marco 05/2013, suscrito entre el Ministerio de Hacienda, el propio Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. El contrato daba servicio a distintas áreas municipales, entre ellas Urbanismo, Limpieza Viaria y Recogida de Basuras, Recursos Humanos y Tráfico y Transportes.
Impago de facturas
Ante el impago de diversas facturas, la empresa recurrió a la vía contencioso-administrativa. En una primera fase, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 acordó una medida cautelar que obligaba al Consistorio a abonar de forma inmediata 27.408,41 euros, sin posibilidad de recurso.
El procedimiento concluyó con una sentencia firme dictada el 13 de marzo de 2025, que estimó íntegramente la reclamación y condenó al Ayuntamiento a pagar 28.970,59 euros en concepto de facturas pendientes, además de los correspondientes intereses legales. La resolución judicial también declara resuelto el contrato y obliga a la Administración local a proceder a la devolución de las máquinas suministradas.
Como consecuencia directa de la ejecución de la sentencia, el Tribunal de Instancia aprobó la liquidación de intereses devengados, fijados en un total de 1.279,27 euros, cantidad que debe ser asumida por los distintos servicios municipales implicados en el expediente.
Autorización de pago
En el caso concreto del área de Urbanismo, la Dirección General ha autorizado el pago de 457,06 euros en intereses, tras el correspondiente cálculo en función del capital adeudado, la emisión del documento contable y la fiscalización favorable de la Intervención General el pasado 13 de abril de 2026.
La resolución administrativa, firmada por el director general de Urbanismo y Vivienda, también ordena la remisión del expediente al Servicio de Contabilidad para hacer efectivo el pago, en cumplimiento de la normativa estatal y local en materia de haciendas públicas y ejecución de sentencias.
Este caso evidencia cómo los retrasos en los pagos de la administración municipal no solo derivan en litigios judiciales, sino que incrementan el coste final para las arcas públicas al sumar intereses legales y costas, además de provocar la ruptura de contratos en vigor y la pérdida de servicios asociados.