Tras dos suspensiones por motivos de agenda, el magistrado Rafael Passaro ha realizado los primeros interrogatorios de la pieza separada del caso Valka que afecta al servicio de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La concejala actual del área, Gemma Martínez, ha explicado a los periodistas que, a pesar de las investigaciones por presunta malversación, el Ayuntamiento aún mantiene una relación contractual con el empresario Felipe Guerra, principal investigado junto a la ex concejala Inmaculada Medica y el ex jefe del servico Miguel Ángel Padrón.
En vigor
Martínez compareció como testigo junto a dos técnicos, Víctor Alonso y Bruno Naranjo. La edil asegura que al asumir el cargo en 2023 se encontró con dos contratos activos vinculados a Guerra Patrimonial: uno destinado al agua de riego y otro relativo a los tomaderos. Mientras que el primero finalizó en 2025 y el servicio fue derivado a Emalsa para evitar prórrogas, el contrato de los tomaderos permanece en vigor y tiene fecha de vencimiento en 2027.
En declaraciones antes de entrar al juzgado, Martínez apeló a la "transparencia y colaboración con la justicia". En junio de 2023, tras tomar posesión, se revisaron todos los contratos de riego y de tomaderos de agua, modificando el sistema de facturación que ahora es investigado por el Tribunal de Instrucción número 2 de Las Palmas y la Fiscalía Anticorrupción.
Posteriormente, en 2025, todos los contratos de riego se pasaron a Emalsa, pero el de tomaderos salió a licitación y lo volvió a ganar Guerra Patrimonial.
Cambio significativo
Martínez destacó que Podemos llegó a la Concejalía en junio de 2023 y, desde ese momento, empezó a producirse una disminución en el precio de las facturas, manteniéndose el sistema de control que empezó a operar unos meses antes.
Anticorrupción se apoya precisamente en ese dato objetivo para concluir que hasta el 2022 existía una trama para inflar la facturación, cobrar las anualidades de forma íntegra y desviar los fondos municipales para el enriquecimiento personal. Señala la Fiscalía un crédito de 400.000 euros que Guerra Patrimonial concedió a Padrón, entonces responsable de Parques y Jardines, mano derecha de Medina y responsable directo de los contratos bajo sospecha.
Martínez no quiso entrar en las causas de la reducción del gasto en agua, centrándose en lo que hizo su equipo a partir de junio de 2023, que fue cuando llegó al cargo.
Las fugas de agua
La jornada también contó con la declaración de Víctor Alonso, jefe de mantenimiento de Parques y Jardines desde noviembre de 2022. Su testimonio ha sido contundente al cuestionar la justificación de las facturas infladas que beneficiaron a Felipe Guerra.
Alonso desmintió que una fuga de agua pueda justificar facturaciones desorbitadas durante todo un año, pues cualquier anomalía de este tipo se detecta, como máximo, en un mes a través de la lectura de contadores.
También subrayó la imposibilidad técnica de gastar un volumen de litros equivalente a los cobros investigados, una postura que respalda la tesis de la Fiscalía y compromete los argumentos de la defensa.
La ciudad tiene más de 200.000 cuadrados en parques y jardines. Las averías por roedores o impactos en las tuberías son frecuentes, pero esas fugas se corrigen de inmediato al disparar la alarma el contador.
Malversación y fraude
El magistrado Rafael Passaro investiga en esta pieza malversación de caudales públicos (con un perjuicio superior a los 250.000 euros), prevaricación administrativa, falsedad en documento público y fraude a la administración.
Anticorrupción considera que entre 2015 y 2022 se produjo un fraude sistemático en la facturación del agua de riego del municipio, con un perjuicio a las arcas públicas que ronda el millón de euros.
Las próximas declaraciones están señaladas para los días 17 y 20 de marzo, con Guerra, Medina, Padrón y Sergio González Cubas, jefe actual del servicio, en este caso como investigados.