¿Cuánta agua ha vendido la empresa Guerra Patrimonial desde 2016 al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para regar los parques y jardines del distrito de Tamaraceite?

La certificación de los consumos y lecturas reales de los contadores es crucial para calcular el perjuicio causado a las arcas municipales en el caso Valka, pero el gobierno local no aclara al magistrado el caudal suministrado por el empresario tras la adjudicación del servicio.

El Juzgado de Instrucción número 2, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha requerido al Ayuntamiento los datos técnicos del consumo de agua entre enero de 2016 y noviembre de 2025, con la certificación oficial de los registros mensuales en metros cúbicos de los contadores vinculados a los contratos 40/16-C y 220/19-C, que se corresponden con los tomaderos y el riego de los parques y jardines de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya, entre ellos La Mayordomía y La Guillena.

Datos clave

También reclama el magistrado Rafael Passaro la identificación del titular de los contadores o puntos de suministro, las fechas de alta y de baja, sus localizaciones y estados actuales, los números de serie y hasta si disponen de sistemas de telelectura o de registro remoto.

La administración local tenía hasta el pasado 30 de noviembre para contestar al requerimiento judicial, pero a día de hoy sigue sin colaborar con la diligencia pedida al juez instructor por el fiscal Javier Ródenas.

Explicaciones

En caso de que no existan registros oficiales de los consumos, el Ayuntamiento también está obligado a justificar esa carencia, es decir, deber explicar formalmente al magistrado las razones técnicas o administrativas por las que no existen esos datos. 

Por el contrario, sí han contestado al juez el Consejo Insular de Aguas y la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa). Ambas entidades carecen de responsabilidad en los puntos de suministro porque son de competencia municipal.

Esas explicaciones contrastan con el silencio del gobierno local, que está personado en la causa como perjudicado. Su posición es delicada porque la tesis del fiscal, que indaga si se inflaron facturas para justificar un consumo irreal de agua durante siete años, lo cual dejaría en mal lugar los mecanismos de control municipales. 

Por eso las certificaciones oficiales de los registros de agua son cruciales para contrastarlas en sede judicial, sobre todo después de que la defensa incorporase a la causa documentación de la facturación que no figura en los expedientes administrativos investigados.

Contexto

En 2022, tras entrar Podemos y salir la concejala socialista Inmaculada Medina de Parques y Jardines, el nuevo equipo técnico comenzó a controlar e incorporar las lecturas de los contadores, con unos registros bastante inferiores a los abonados en la etapa de Medina y de Miguel Ángel Padrón como jefe del servicio.

El fiscal considera que existía un concierto de voluntades para desviar el exceso de facturación a la cuenta corriente de Padrón, que recibió un préstamo de 400.000 euros del empresario para construir un complejo de viviendas vacacionales en La Palma.

El funcionario, el contratista y la concejala tenían una relación de amistad, como acreditan las fotos halladas por la Guardia Civil en los móviles de los dos primeros. Los intercambios en los grupos de wasap revelan cenas, comidas y fiestas a la que también asistían abogados y jueces de Las Palmas.

Realidad o ficción

Con esos mimbres, la respuesta del Ayuntamiento es comprometedora para los investigados, sobre todo si finalmente no existen certificaciones oficiales del consumo de agua pagada. En caso afirmativo, juez y fiscal deberán verificar si los consumos facturados y abonados con dinero público se corresponden con la realidad de lo suministrado.

Los primeros indicios apuntan a una malversación de caudales públicos agravada, esto es, superior a los 400.000 euros, aunque el patrón detectado por la Guardia Civil en la facturación podría elevar la cantidad defraudada hasta el millón de euros. Por eso es fundamental la colaboración municipal. 

Interrogatorios

La investigación, por el momento, ha forzado la dimisión de Medina, que deberá comparecer en febrero como imputada junto al resto de investigados.

La clave del caso pasa por determinar si existió un perjuicio económico para el erario público mediante la falsificación de certificaciones de suministro de agua, aunque también hay indicios de otros delitos graves, como cohecho y blanqueo de capitales, en este caso vinculados al préstamo del empresario al funcionario.