La revisión completa de los expedientes municipales incluidos en el caso Valka ofrece una fotografía muy nítida para la Guardia Civil: durante años, los contratos de Parques y Jardines de Las Palmas de Gran Canaria terminaron, una y otra vez, en manos de la misma empresa. Esa tendencia, lejos de tratarse de una coincidencia administrativa, aparece señalada en el Anexo I del Informe de Contratación, donde los investigadores documentan un patrón estable de adjudicaciones a Guerra Patrimonial FGG S.L., propiedad del empresario Felipe Guerra González, también imputado.
Patrón de adjudicaciones
El estudio policial, incorporado ya al sumario que ha provocado la dimisión de la concejala Inmaculada Medina, identifica expedientes entre 2016 y 2022 con parámetros que se repiten: precios situados en el tramo más alto del rango permitido, ausencia de motivación clara para prórrogas, escasa concurrencia real, informes técnicos redactados de forma casi idéntica y una tramitación que favoreció a la misma mercantil incluso cuando las ofertas presentaban incongruencias económicas.
Uno de los ejemplos más citados por la Guardia Civil es el expediente 40/16-C, relativo al suministro de agua de riego en zonas verdes de Tamaraceite-San Lorenzo. Guerra Patrimonial ofertó 1,25 euros por metro cúbico, pero el contrato se adjudicó aplicando 1,35 euros, el máximo autorizado. La decisión, según los agentes, “carece de lógica administrativa y vulnera el principio de adjudicación por la oferta económicamente más ventajosa”. El detalle figura en la página 10 del informe, en un apartado que los investigadores califican de “llamativo”.
Expedientes bajo sospecha
El expediente 220/19-C, con un presupuesto de 750.000 euros por tres años, vuelve a reforzar la misma línea. La Guardia Civil señala en la página 11 que la oferta de Guerra fue aprobada sin un análisis comparativo suficientemente detallado, pese a que el contrato se situaba “cerca del umbral máximo de su categoría” y debía incorporar una especial justificación. Para los agentes, la falta de explicaciones y la reiteración de estos patrones configuran “un circuito de decisiones predispuestas”.
La documentación policial también menciona los expedientes PJ 41/2020, PJ 43/2018 y PJ 45/2018, todos relacionados con actuaciones en parques, zonas verdes y elementos ornamentales. En ellos, la Guardia Civil observa que las memorias técnicas muestran argumentos repetidos, con frases idénticas en informes separados por años. La similitud, señalan, es “indicativa de una tramitación automatizada sin valoración individualizada de la propuesta adjudicataria”.
Vínculos con el caso Valka
Todo este circuito contractual se vincula directamente con la estructura del caso Valka, que mantiene imputados a Medina, al técnico municipal Miguel Ángel Padrón Hernández y a Guerra. La investigación apunta a que Padrón, responsable del seguimiento de muchos de esos expedientes, habría facilitado la continuidad de la empresa mediante informes y certificaciones de obra, mientras la concejala autorizaba los contratos desde sus áreas de gestión.
Para los investigadores, lo determinante no es solo que Guerra Patrimonial lograra contratos repetidos, sino que lo hiciera en condiciones que, según el informe, “desdibujan los mecanismos de control característicos del procedimiento administrativo”. En otras palabras: no se trata únicamente de que siempre ganara la misma empresa, sino de que las decisiones públicas parecen haber sido tomadas de forma que esa empresa siempre llegara en posición de ventaja.
Próximos pasos de la investigación
El caso, que ya ha provocado la salida de Medina del gobierno municipal, avanza ahora hacia una fase clave: la Guardia Civil está cruzando los expedientes con las comunicaciones privadas analizadas en los teléfonos móviles de Padrón y Guerra para determinar si la reiteración de adjudicaciones estuvo acompañada de coordinación informal, tal y como sugieren otros elementos del sumario.