El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido suspender por segunda vez las comparecencias previstas para el mes de febrero en la pieza separada del caso Valka, que afecta a la gestión de los parques y jardines de la capital grancanaria.
El calendario de declaraciones se fijó inicialmente para diciembre, pero luego se pasó a febrero y ahora el magistrado Rafael Passaro lo ha fijado en el mes de marzo.
Agendas complejas
Este nuevo aplazamiento no se debe a la complejidad del sumario o al volumen de documentos, sino a problemas de agenda de los abogados de la defensa, cuyas coincidencias con otros señalamientos judiciales han impedido cuadrar las sesiones para los meses de diciembre y de febrero.
El foco sigue puesto en Inmaculada Medina, exconcejala de Servicios Públicos y Carnaval, cuya comparecencia es la más esperada tras su dimisión el pasado noviembre. La veterana dirigente, además, se ha dado de baja del PSOE.
Entre el núcleo duro de la supuesta trama corrupta también destacan Miguel Ángel Padrón, que era la mano derecha de Medina en Parques y Jardines. Su gestión está bajo sospecha por su vinculación con las adjudicaciones al empresario Felipe Guerra, cuya presa de Tamaraceite suministraba agua de riego al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Claves
El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan los contratos de riego y suministro de agua entre 2015-2022, donde se estima un perjuicio económico para las arcas municipales que podría rondar el millón de euros.
Según los primeros indicios, los imputados amañaban facturas para cobrar de manera íntegra las anualidades de los contratos, sin que los técnicos municipales realizaran un control efectivo de los metros cúbicos de agua suministrados por el empresario.
Los principales delitos investigados son prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias.
Préstamo
También se aprecia un posible cohecho entre Padrón y el empresario, que concedió al empleado público un crédito de 400.000 euros para que construyera un edificio de viviendas vacacionales en La Palma, todo al tiempo que se certificaban y pagaban por orden de la concejala las facturas bajo sospecha.
Hay más técnicos municipales implicados que deberán comparecer ante el juez como investigados, además de varios testigos, entre ellos la concejala Gema Martínez, bajo cuya etapa descendió de manera notable el agua gastada por el Ayuntamiento en relación al periodo de Medina. De ahí la importancia de su declaración y la de su equipo gestor.
Este nuevo aplazamiento hasta marzo supone un alivio estratégico para los investigados, pero mantiene la presión sobre el actual grupo de gobierno municipal, que forzó la salida de Medina desde que la investigación se dirigió contra ella. También ha suspendido tres años de empleo y sueldo a Padrón.