El caso Valka ha destapado un entramado de comunicaciones privadas que la Guardia Civil considera relevantes para acreditar la existencia de una posible red de favorecimiento empresarial dentro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El análisis del teléfono móvil del funcionario Miguel Ángel Padrón, responsable técnico en Parques y Jardines y ahora imputado, ha permitido reconstruir parte de ese flujo de contactos con Felipe Guerra, dueño de la empresa Guerra Patrimonial FGG SL, principal adjudicataria de los contratos ahora investigados.
En el Anexo II del Informe Técnico-Policial, los agentes documentan el envío de fotografías de obras públicas, mensajes y archivos relacionados con actuaciones municipales. Una de las pruebas destacadas es la imagen del Jardín Vertical de San Lorenzo, compartida a través de WhatsApp entre ambos. La fotografía aparece archivada, formando parte del paquete de evidencias extraído del móvil de Padrón.
Especialmente significativa
La Guardia Civil subraya que esta comunicación —enviada desde un número identificado como Miguel Flying La Palma— constituye un seguimiento no institucional de una obra pública adjudicada a Guerra Patrimonial. Esta práctica, según los agentes, “resulta especialmente significativa” al producirse fuera de procedimientos administrativos, en un contexto donde Padrón debía supervisar formalmente la ejecución de esos trabajos con neutralidad.
La conversación aparece en el chat denominado WhatsApp 2, donde están registradas interacciones adicionales acompañadas de archivos como photo1.jpg y un historial recogido en Chat-1664.txt. La Guardia Civil remarca en la página 15 del informe que los mensajes seleccionados se incorporan al sumario.
Dimisión de Medina
Estas interacciones forman parte del mismo sumario que llevó este lunes a la dimisión de Inmaculada Medina, concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, imputada por presunta malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude entre 2015 y 2022. Medina, Padrón y Guerra figuran señalados en la causa por supuestamente favorecer la concesión, certificación y continuidad de contratos otorgados a Guerra Patrimonial, muchos de ellos vinculados a obras de riego, mantenimiento vegetal y actuaciones estéticas en parques públicos.
Para los investigadores, el intercambio de fotografías y mensajes privados entre el técnico responsable y el principal contratista refuerza la hipótesis de un clima de confianza, connivencia y comunicación operativa, cuyo análisis se considera esencial en el avance del caso Valka.