La "maraña" de sociedades creada para presentar facturas ficticias e inflar los costes en obras como la ampliación del muelle Santa Catalina o la Ciudad de la Justicia sigue viva en los juzgados de la capital grancanaria, con una treintena de empresas y trece personas investigadas, entre ellas Juan Antonio Madrigal y Fernando Hernández, altos directivos hasta 2015 de las constructoras FCC SA y COMSA SA en Canarias, además de José Miguel Pintado, exdirector de Puertos de Las Palmas.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado esta semana traslado a las acusaciones para que formulen sus conclusiones provisionales, interesando el archivo de la causa o la apertura de juicio mediante la formulación de acusación.
El magistrado Javier García-Sotoca aprecia posibles delitos de estafa (todos los supuestos), blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y falsificación por particular de documento público, oficial o mercantil, según recoge el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, que es la antesala del juicio oral.
Origen
La causa se inició en 2015 con una querella de la Administración Tributaria y la Fiscalía de Delitos Económicos, tras una investigación de tres años de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y varios pinchazos telefónicos autorizados por el juez.
Entre las empresas que pasaban facturas falsas o irregulares a FCC y COMSA, las cuales ejecutaban grandes obras con instituciones como la Autoridad Portuaria de Las Palmas o el Gobierno de Canarias, figuran Muralla de Occidente, Poseidón 2012, Atlantic Mogán, Primera Legión, Canaroyal y Desarrollo, Delgyney, Cofhisa Obras y Proyectos, Hermanos Uarte Obras y Construcciones, Asesores y Peritos LC 30, Ingeniería Sostenible de Canarias (Isocan), y Geafinca.
Alcance
En la cúspide de la "maraña" de sociedades, el magistrado sitúa a Juan Carlos Delgado Neyra por su vinculación con una treintena de empresas pantalla, las cuales, entre 2008 y 2013, facturaron 8,1 millones de euros a FCC por obras en la Ciudad de la Justicia o la ampliación del muelle de Santa Catalina que no se corresponden con la realidad.
También facturaron otros 3,4 millones a Comsa por trabajos de dudosa justificación, como la aclimatación del Jardín Botánico del municipio tinerfeño de La Orotava, con unos gastos cercanos a los 400.000 euros.
Obras de arte
Cofhisa Obras y Proyectos, compañía que supuestamente suministró el material para el jardín de La Orotava, carece de personal, en los últimos años adquirió una importante colección de arte y es administrada por Fernando Hernández, quien, entre enero de 2008 y febrero de 2015 fue el máximo responsable de la delegación en Canarias de COMSA.
Como dato curioso del sumario, de los gastos declarados por Cofhisa en 2012, en solo una de las 22 transacciones interviene un proveedor de la construcción, pues el resto se corresponden con operaciones cerradas con galerías de arte de prestigio nacional e internacional, como Sothebys, Cristie's o Galerie Lelong, entre otras.
Barceló, Chillida o Miró
La UDEF intervino en Madrid y Gran Canaria, donde Fernández Ibáñez tiene propiedades, 99 cuadrados, esculturas y fotografías, con artistas de la talla de Chillida, Barceló, Miró, Jaume Plensa o Richard Serra, por citar algunos de los más relevantes.
Cofhisa, que está especializada en obra civil, gastó en 2011, 2012 y 2013 una media de 850.000 euros en obras de arte, más otros 500.000 en 2014, según los informes de la Policía Nacional.
Entre las tramas de COMSA y FCC hay conexiones de facturación a través de empresas como Poseidón, que está controlada por Neyra y emitió facturas a favor de Cofhisa en la obra de La Orotava, pero el juez considera que cada grupo desplegaba sus propias "operaciones de facturación fraudulenta".
Dos tramas
Del lado de FCC, además de Madrigal y de Neyra, con quien el alto ejecutivo hacía negocios con frecuencia, están investigados Manuel A. G., Antonia Estefanía S. G. A., Santiago B. D. S. y Elías G. F., mientras que por la parte de COMSA, además de su máximo responsable en las islas, Fernando Hernández, figuran Ramón David N. R., Silvia María P. B., José Antonio P. G., Carmen Rosa N. G., José Miguel P. J. y María Asunción G. A.
Se trata en su mayoría de empleados de las constructoras o de personas al frente de sociedades interpuestas para falsear la facturación o eludir el pago de impuestos, según el auto judicial.