El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria declaró la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que modificaba el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, según adelanta Canarias7. La sentencia estimó íntegramente el recurso interpuesto por Intersindical Canaria (IC).
El acuerdo anulado aumentaba el sueldo de cinco habilitados nacionales a través del complemento específico. El gobierno municipal justificó la medida en la necesidad de hacer más atractivos estos puestos, después de que algunos procesos selectivos quedaran desiertos, algo que atribuyó a las diferencias salariales con otros municipios.
Menos de 24 horas de antelación
La sentencia concluyó que no existió una negociación colectiva real y efectiva, ya que la Mesa General de Negociación fue convocada y la documentación remitida a las organizaciones sindicales con menos de 24 horas de antelación. Este plazo impidió un estudio riguroso de la propuesta y la posibilidad de formular alternativas o rebatir adecuadamente el contenido del expediente.
El órgano judicial recordó que la negociación colectiva no puede convertirse en un simple trámite formal, sino que debe desarrollarse conforme a los principios de buena fe, transparencia y participación efectiva de las organizaciones sindicales, con un verdadero proceso de diálogo previo a las decisiones que afectan a las condiciones de trabajo del personal empleado público.
La reacción de Intersindical Canaria
Para IC, la resolución constituye un respaldo judicial al derecho a la negociación colectiva y a la obligación de las administraciones de respetar los procedimientos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. El sindicato consideró «especialmente llamativo» que una administración que hace del diálogo social una de sus señas de identidad haya visto anulado un acuerdo «precisamente por no haber garantizado una negociación real y efectiva».
El sindicato añadió que la sentencia trasciende el caso concreto y supone un precedente relevante para todas las administraciones públicas, y expresó su deseo de que marque un punto de inflexión en las relaciones laborales dentro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de modo que el equipo de gobierno «sustituya los discursos por hechos».
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